Valladolid.- El proyecto de Ley de Montes de Castilla y León que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno amplía la protección de las masas forestales de la Comunidad y adapta la normativa estatal a las peculiaridades de este territorio, aunque mantiene los tradicionales aprovechamientos de los propietarios.
El proyecto de Ley de Montes de Castilla y León que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno amplía la protección de las masas forestales de la Comunidad y adapta la normativa estatal a las peculiaridades de este territorio, aunque mantiene los tradicionales aprovechamientos de los propietarios.
La vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha destacado en rueda de prensa que la importancia de este texto legal radica en la extensión "tan importante" de superficie forestal que acumula Castilla y León, con más de cinco millones de hectáreas de arbolado.
Esta extensión supone que el 31 por ciento de la superficie total de la región está arbolada y equivale al 15 por ciento del total nacional, ha recordado Ruiz, quien confía en que la tramitación parlamentaria que se inicia hoy con la remisión del proyecto de ley a las Cortes de Castilla y León sea ágil, ya que está "muy trabajada" con los colectivos implicados.
En concreto, se ha referido a los propietarios privados de masa forestal, que supone el cincuenta por ciento de la extensión, y con quienes ha pactado el mantenimiento de los aprovechamientos para preservar los usos tradicionales, arraigados por ejemplo en las zonas de pinares de las provincias de Burgos y Soria.
También atañe a los propietarios particulares una pequeña modificación que se introduce en el reparto de los beneficios que se obtienen por la venta de la madera producida en estos bosques. En concreto, se modifica el rendimiento dinerario que obtendrán los propietarios por la venta de madera, al pasar del 85 por ciento al 80 por ciento.
La variación de esos cinco puntos porcentuales redundará sin embargo en el denominado "fondo de mejoras", con el que se financian inversiones directas en el bosque del que se han obtenido los rendimientos, según ha explicado Ruiz.
La consejera de Medio Ambiente también ha destacado como novedad la creación del Consejo de Montes, en el que participarán los propietarios y las administraciones involucradas en el sector forestal, ya que comunidad autónoma, ayuntamientos y juntas vecinales son propietarios del 50 por ciento de la extensión arbolada.
En este sentido, Ruiz ha destacado que la actual es una norma "especialmente participativa" cuya fase de consultas se inició en 2005, a raíz de la aprobación en 2003 de la Ley de Montes estatal, y que ha recibido el respaldo del Consejo Económico y Social, entre otros organismos de control.
Otra figura novedosa que se introduce en la normativa autonómica al estar reflejada en la ley estatal es la del "monte protector", que protege a los bosques catalogados con un interés especial.
La representante de la Administración autonómica confía en que la ley "garantice la conservación de los montes y sus aprovechamientos", aunque este principio debe ser compatible "con el desarrollo rural de la Comunidad".
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