José María Bravo podría abandonar la cárcel de Martutene en los próximos días

San Sebastián.-  José María Bravo, principal imputado en el caso del fraude de la Hacienda de Irun, podría abandonar en los próximos días la prisión donostiarra de Martutene, en la que ingresó el 11 de julio de 2007, han informado a Efe fuentes judiciales.

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(EFE)

José María Bravo, principal imputado en el caso del fraude de la Hacienda de Irun, podría abandonar en los próximos días la prisión donostiarra de Martutene, en la que ingresó el 11 de julio de 2007, han informado a Efe fuentes judiciales.

Bravo previsiblemente será excarcelado tras abonar mediante avales la fianza de 500.000 euros que el pasado 14 de julio le impuso la Audiencia de Guipúzcoa para obtener su libertad provisional y que en aquel entonces no pudo satisfacer porque sus familiares no consiguieron reunir la cantidad estipulada.

Los allegados del preso iniciaron a partir de ese momento un proceso para reunir una serie de avales sobre unos inmuebles que el pasado 26 de agosto presentaron al Juzgado de Instrucción número 2 de Irun, que inició el proceso de verificación de estas garantías.

Posteriormente, un perito tasó para el juzgado los citados inmuebles ya que, al no pagar la fianza en efectivo, el valor de estas fincas debe ser superior al doble de la cautela de 500.000 euros que estableció la Audiencia de Guipúzcoa.

Fuentes judiciales han explicado que, tras recibir los informes de la tasación realizada por el perito, el nuevo juez del caso, Julián García Marcos, dictó una providencia para que se diera traslado de estos documentos al fiscal y al resto de partes personadas que deben pronunciarse sobre la suficiencia de la fianza prestada en un plazo de cinco días hábiles a partir del pasado viernes.

Las citadas fuentes han explicado que, aunque algunas de las partes ya han trasladado al juzgado sus impresiones sobre la fianza, el juez podría agotar el plazo estipulado antes de decidir si firma el auto de excarcelación de Bravo.

El ex director de la Hacienda de Irun había solicitado su puesta en libertad provisional en dos ocasiones anteriores, en las que le fue denegada por el posible riesgo de fuga que las distintas instancias judiciales consideraban que existía en su caso.

Sin embargo, a la tercera oportunidad, la Audiencia Provincial estimó parcialmente la reclamación de Bravo porque, en su opinión, las circunstancias del caso habían cambiado pues la investigación del presunto fraude está avanzada y la fianza impuesta es "lo suficientemente elevada como para que su pérdida excluya cualquier intención de fuga".

Junto al ex director de la Hacienda de Irun José María Bravo, también se encuentran imputados en esta causa su esposa Rosa Cobos, la funcionaria de la oficina tributaria de la localidad fronteriza Pilar Gracenea y Pedro María Atristrain, socio del primer procesado.

Además, la Diputación de Guipúzcoa considera que hay pruebas suficientes para imputar a otras cuatro personas: un inmediato superior de Bravo en el departamento de Hacienda, un abogado y dos asesores, como "colaboradores necesarios" en el supuesto fraude.

Bravo está considerado la cabeza de una supuesta trama que, según la denuncia que el fiscal presentó en su momento, supuestamente cobraba diferentes cantidades a contribuyentes morosos que no fueron ingresadas en Hacienda sino en cuentas corrientes a nombre de los inculpados o entidades mercantiles interpuestas.

Las deudas de los contribuyentes se daban por extinguidas mediante declaraciones de insolvencia o haciendo constar que su expediente había prescrito, conductas que, en opinión de la Fiscalía, podrían ser "indiciariamente" constitutivas de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.