Oviedo.- El fiscal jefe de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), José María Paz Rubio, ha advertido hoy en Oviedo de que la Convención de Naciones Unidas sobre discapacitados dictada en 2006 "obligará a sustanciales cambios en la legislación española".
OVD03. OVIEDO, 30/09/08.- El fiscal jefe de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, José María Paz Rubio (dcha), junto al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, pronuncia la conferencia "El Ministerio Fiscal y la protección de las personas con discapacidad", hoy en las XXIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que se desarrollan en Oviedo. EFE/J.L. Cereijido
Paz Rubio ha pronunciado hoy la conferencia titulada "El Ministerio Fiscal y la protección de las personas con discapacidad" en el marco de las XXIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que se celebran desde ayer en el capital asturiana.
En su alocución, que fue presentada por el defensor del Pueblo de España, Enrique Múgica, Paz Rubio ha destacado que la misión del fiscal es "proteger a las víctimas" y ha insistido en que esta tarea cobra especial significado cuando se trata de personas discapacitadas.
El fiscal ha insistido en que la actual es una "época de cambios" que vienen impuestos por la Convención de Naciones Unidas sobre personas discapacitadas, ya que ésta afecta "a toda la legislación sectorial".
En este sentido, ha indicado que los fiscales tienen indicaciones directas de que apliquen la Convención porque "ya es derecho vivo" en España.
"Nos va a obligar a modificar muchas cosas, especialmente el derecho privado que habrá que revisarlo a fondo y también habrá que cambiar el derecho público penal y en el mundo penitenciario habrá que trabajar en muchos campos", ha subrayado Paz Rubio.
El fiscal jefe de la Sala de lo Civil del Supremo ha explicado que la Convención de Naciones Unidas "parte de la base de que el discapacitado tiene capacidad jurídica y, en parte, de obrar".
Este nuevo planteamiento obligará, según Paz Rubio, a cambiar el procedimiento de incapacitación y a que las sentencias "especifiquen qué derechos puede ejercitar y cuáles no el incapacitado".
Además, ha recordado que esta norma supranacional rechaza la figura del "tutor total", y reclama que se evalúe el grado de incapacidad según vaya avanzado la enfermedad para reajustar los derechos del incapacitado.
En el caso de los internamientos involuntarios, Paz Rubio ha recordado que el incapacitado deberá ser sometido a un control semestral de la misma profundidad que el que se le hace cuando ingresa.
Por último, el fiscal ha comentado que uno de los problemas más habituales que se presenta es el de aplicar tratamiento ambulatorio como alternativa al internamiento, y ha indicado que la complicación radica en medir si el trastorno del afectado puede suponer un peligro para las demás personas.
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