Las Palmas de Gran Canaria.- Canarias cerrará este año con un déficit público del 0,59 por ciento, frente al 0,25 por ciento que previó el Gobierno regional cuando hizo las cuentas para el presente ejercicio económico, y 698,7 millones de euros menos de los ingresos que se estimaba recaudar.
El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, José Manuel Soria.
Así lo anunció hoy el consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, José Manuel Soria, quien detalló que como consecuencia de la disminución de la recaudación de tributos cedidos la comunidad autónoma dejará de percibir 363,7 millones, a los que se sumarán otros 335 millones de recaudación de tributos del REF (IGIC, AIEM y matriculaciones), que también se dejarán de percibir.
A esta situación, que no hará peligrar, según aseguró el consejero, ni la liquidez ni la alta solvencia de las arcas de la comunidad autónoma, se añade la pérdida de otros 80 millones, partida que corresponde a los adelantos de tesorería con cargo al sistema de financiación autonómica que el Gobierno español ha anunciado que no podrá abonar este año como consecuencia de la crisis económica.
Para Soria, que el año se cierre con una reducción del siete por ciento en los 6.934 millones de euros de ingresos que la comunidad autónoma preveía obtener en el presente ejercicio por la disminución en la recaudación de impuestos y que el déficit público vaya a ser mayor que el inicialmente previsto, pero nunca del 2 por ciento, como el anunciado por el Gobierno español, no generará en las Islas un impacto tan notable como el que, a nivel nacional, provocarán los "decrementos" que se registrarán en relación a las previsiones que sirvieron de base a los presentes presupuestos estatales.
El consejero regional insistió en las consecuencias que tendrá esta disminución de ingresos para las arcas de las corporaciones locales e insulares, y también para las de la comunidad autónoma.
Al respecto, subrayó que el Gobierno está dispuesto a asumir este año un 60 por ciento de la devolución de las entregas a cuenta de más que se han hecho a ayuntamientos y cabildos en base a las previsiones iniciales, y afirmó que el acuerdo aprobado en el último pleno del Cabildo de Gran Canaria, relativo al aplazamiento en cinco años de esa devolución, "va en contra de la ley", que establece que "los ajustes no se pueden extender más allá de tres plazos".
Gobierno y cabildos volverán a reunirse el miércoles para tratar de llegar a un acuerdo en esta negociación, ya que, según dijo Soria, lo que no devuelvan las administraciones locales e insulares este año lo deberán hacer por dos el año que viene, lo que, sin embargo, no es muy viable, ya que puede hacer peligrar, al final de año, la liquidez de las arcas de la comunidad autónoma.
José Manuel Soria se mostró mucho más satisfecho con la ejecución presupuestaria referida al gasto, partida que, incluyendo a los organismos autónomos administrativos, suponía, a principios de año, una previsión de crédito disponible en los presupuestos de 7.120 millones de euros.
De ese crédito que estaba previsto gastar a lo largo de este año, los gastos adjudicados a finales de agosto ascienden a 6.080 millones, es decir, el 85 por ciento del presupuesto, y, en cambio, de todo eso se ha certificado ya al Gobierno ya para pagar por parte de los proveedores que han sido adjudicatarios 3.855 millones, esto es, un 54 por ciento.
Soria comparó estos datos con los de agosto del pasado año, cuando el gasto adjudicado ascendía al 84 por ciento y el certificado al 52 por ciento.
Respecto al crecimiento de la deuda pública, anunció que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera Canarias y otras comunidades pedirán al Ministerio de Economía y Hacienda que les autorice a incurrir este año en un déficit que ronde el 0,75 por ciento de sus respectivos PIB.
Soria aludió también al criterio poblacional que Canarias confía que se aplique a la hora de fijar el nuevo sistema de financiación autonómica, en el que esta comunidad prevé recibir 400 millones de euros y obtener una renta per cápita de 2.650 euros, frente a los 2,400 con los que cuenta en la actualidad y dijo sospechar que en esta materia el Gobierno español "está apurando" para llegar acuerdos con Cataluña relacionados con su estatuto de autonomía.
El consejero también se refirió a las políticas de racionalización del sector público de la comunidad autónoma y manifestó su convicción de que en un futuro, que no precisó si será próximo o lejano, habrá fusiones de empresas públicas canarias.
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