La Fiscalía de París pide entre 5 y 15 años de prisión para 18 presuntos etarras

París.-  La Fiscalía del Tribunal Correccional de París pidió hoy penas de entre cinco y quince años de cárcel para 18 etarras o presuntos miembros de la banda acusados de integrar su aparato de reserva cuando una redada policial descabezó el núcleo dirigente de éste en 2004 en Francia.

En su requisitoria, la fiscal, Catherine Sorita-Minard, se refirió a los atentados perpetrados en los últimos días en España y recordó que los tres coches bomba utilizados en esos ataques se habían preparado y robado en Francia.

"La muerte viene de Francia", un país donde, según Sorita-Minard, "los activistas de ETA no tienen más futuro que la prisión".

Sobre los encausados juzgados desde el pasado día 15 en París, dijo que "puestos en libertad, todos prometen continuar con sus actividades" en la estructura de la banda terrorista y aludió a su pertenencia o colaboración con la estructura del aparato de la reserva desmantelada el 17 de junio de 2004 en el centro y oeste de Francia, donde se hallaron tres pisos francos de ETA.

El tribunal dará a conocer las sentencias el próximo día 22.

La mayor pena solicitada fue para el "histórico" de ETA Ignacio López de Vergara, considerado jefe del aparato de la reserva en el momento de su arresto junto a otros siete en junio de 2004.

Para López de Vergara, "Yves", la fiscal pidió 15 años de cárcel, de los cuales 10 de cumplimiento efectivo, así como la prohibición definitiva de estancia en el territorio francés, medida esta última pedida también para los otros 17.

Para Carlos Estévez Paz, del que Sorita-Minard dijo que "está totalmente implicado en el aparato de la reserva" y cuyo "compromiso parece total y definitivo", la pena requerida es de 12 años de prisión, seis de ellos de cumplimiento efectivo.

El Ministerio Público requirió 10 años para Asier Aguinako y para su compañera Aitziber Coello por su responsabilidad en la acogida y formación de activistas de la banda terrorista.

También pidió 10 años de prisión para Luis Armando Zabalo y Benito Fermín Martínez, ambos con un largo historial en ETA donde, dijo, se ocupaban de la transferencia de activistas de la banda.

Para Zígor Garro, considerado jefe del aparato logístico de ETA cuando fue detenido en Francia en 2006 junto a su compañera Marina Bernadó, el Ministerio Público requirió diez años de prisión.

De Garro, así como de Bernadó, para la que solicitó nueve años de cárcel, la fiscal dijo que en el momento de la redada de 2004 estaban al frente de un taller de falsificación de documentos, que "es una actividad esencial para una organización clandestina".

Para Alberto Saavedra, descrito como hombre de mano de López de Vergara en uno de los pisos francos, y para Juan Carlos Subijana, la fiscal pidió de siete a ocho años de prisión.

Para Asier Eceiza, detenido el pasado julio y también encausado en este sumario, solicitó una pena de cinco años de prisión. Igual que para Peio Alvarez, el único de los 12 sentados en el banquillo que está libre bajo control judicial.

Para los otros seis acusados en esta vista, que son objeto de órdenes de busca y captura y, por tanto, juzgados en su ausencia, el Ministerio Público requirió cinco años de cárcel, salvo para el presunto jefe del aparato militar de ETA, Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", para quien pidió seis años.

En el turno de palabra concedido a los encausados, Eceiza aprovechó para "felicitar a los camaradas que siguen en la calle", a los que dijo que "el único camino que les queda es la lucha armada" por la ilegalización de las "organizaciones políticas".

En su alegato, la abogada de la defensa Yolanda Molina denunció la reciente ilegalización en España de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).

"Hoy toda organización política se reprime y se declara ilegal", dijo Molina, para quien "hace falta una resolución política a este conflicto", y el tribunal no es el lugar para lograrlo.

Aseguró que Subijana había sufrido torturas al ser detenido en España en septiembre de 2001, y consideró que ese tipo de práctica "es una vergüenza para España, pero también para Francia" cuando da por buenas las declaraciones hechas bajo esas supuestas presiones.