Sevilla.- La Fiscalía de Sevilla ha puesto una querella contra la empresa minera Cobre las Cruces por delitos contra el medio ambiente y de daños al estimar que los trabajos en la explotación a cielo abierto "afectan a las aguas públicas por su intoxicación con sustancias nocivas, tales como arsénico".
ESPAÑA-AZNALCÓLLAR:SEV19. SEVILLA, 21/04/08.- Vista aérea de la corta de la mina de Las Cruces, que se excava a unos diez kilómetros de Sevilla y que, según ha dicho a Efe el coordinador de Ecologistas en Acción en Sevilla, Isidoro Albarreal, supone una amenaza medioambiental similar a la cercana explotación minera de Aznalcóllar, que en 1998 causó la mayor catástrofe ambiental de España, de la que esta semana se cumple el décimo aniversario. EFE ***SOLO USO EDITORIAL***
En un comunicado, la Fiscalía ha informado hoy de que la querella la ha interpuesto su sección de Medioambiente, Delitos Urbanísticos y Patrimonio Histórico como consecuencia de "construcciones ilegales de balsas y extracciones e inyecciones de agua efectuadas por dicha empresa en terrenos que afectan a las localidades de Gillena, Gerena y Salteras", en la provincia de Sevilla.
Cobre Las Cruces SA, dedicada a la extracción de material minero y que se encuentra en fase de construcción, recibió autorización de drenaje e inyección a instancias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en fecha 30 de octubre de 2003, si bien bajo una serie de condicionantes, a fin de evitar la contaminación del acuífero Niebla-Paradas, del que se abastecen diversas poblaciones de la provincia de Sevilla, señala el comunicado.
La CHG realizó el 4 de julio de 2007 una visita a la instalación minera, "tomando muestras y apreciando que el sistema de reinyección implantado no respondía plenamente a la previsión, al margen de otro número importante de incumplimientos y contingencias", afirma el comunicado de la Fiscalia.
Las muestras arrojaron la presencia de diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico, con valores muy superiores a los marcados por el RD 140/03 de 7 de febrero, en el que se establece la calidad del agua para el consumo humano, a la vez que se apreció un incumplimiento radical de la obligación de reintegración al acuífero de los caudales extraídos.
A raíz de estas circunstancias, la CHG acordó la suspensión de las operaciones de drenaje e inyección el 12 de mayo de 2008, procediendo al precinto de los sondeos al tiempo que se incoó un expediente sancionador, siendo considerada la infracción muy grave y previéndose una posible multa de 568.419,20 euros, señala el comunicado.
Por su parte, la Consejería andaluza de Innovación y Ciencia el 14 de mayo de 2008 resolvió ordenar a la entidad privada la suspensión provisional de las labores de profundización de la corta, de conformidad con la suspensión de la Confederación y exigió la continuación de las condiciones mínimas de seguridad de las instalaciones mineras.
Las inspecciones llevadas a cabo por la CHG revelaron asimismo la existencia de balsas de captación y acumulación de aguas no autorizadas y el comunicado indica que la construcción de esas balsas "alteran gravemente" el natural discurrir de las aguas, impidiendo la expansión de las avenidas, con posibles daños a personas, bienes o medio ambiente.
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