Los afectados por el "Prestige" reclaman 1.200 millones de euros, según el Fiscal

Santiago de Compostela.-  Los afectados por la marea negra del fuel desprendido tras el hundimiento en noviembre de 2002 del petrolero "Prestige" reclaman indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros, según el fiscal encargado de la instrucción del accidente, Álvaro García Ortiz.

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(EFE)

Un grupo de voluntarios forman una cadena humana en 2003 sobre un gran barrizal de chapapote en el coído de Cuño, en la localidad de Muxía, donde se encuentran trabajando en la limpieza de la marea negra provocada por los vertidos del petrolero "Prestige".

En una entrevista a Efe, García Ortiz indicó que aproximadamente mas de mil millones de euros corresponden a reclamaciones de personas, organizaciones y empresas perjudicadas en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, CC.AA y del Estado español; y más de doscientos millones de euros de peticiones cursadas en Francia, aunque precisó que la suma total aún no está contabilizada.

La investigación del hundimiento del buque el 13 de noviembre de 2002 a unas doscientas millas de la costa gallega se encuentra en la "fase final de la instrucción", dijo el fiscal, y señaló que está esperando los informes de los peritos.

Un ingeniero naval debe someter sus conclusiones sobre el "estado del barco", un petrolero monocasco que partió del puerto ruso de San Petersburgo, en el mar Báltico, y cruzó el Canal de la Mancha antes de rodear la costa gallega, y documentar "cuándo y en cantidad se produjo el primer vertido" de fuel, comentó el fiscal, especializado en temas de medio ambiente.

Añadió que ese experto debe además facilitar en su informe datos precisos sobre la "arquitectura" de la nave, y "si el barco colapsó, algo sobre lo que hay discusión, y si vertió mucho o poco fuel" en el momento del hundimiento y previamente.

Un segundo perito, un capitán marítimo, debe explicar en términos de navegación "qué riesgo tuvo la decisión de alejar el barco" de la costa gallega y "qué riesgos podrían haber tenido otras" opciones, aseguró.

Por último, un informe pericial en curso debe concluir la evaluación de los daños económicos, algo "extraordinariamente muy complejo", comentó el fiscal, y subrayó que "quizás los peritos tengan poco tiempo" para concluir su informe, por lo que indicó haber pedido "flexibilidad" con el fin de "alargar el plazo".

La titular del Juzgado del puerto coruñés de Corcubión, Carme Veira Suárez, que instruye el sumario, ha pedido que esos informes periciales le sean remitidos antes del 15 de octubre, a lo que la Fiscalía ha respondido pidiendo una ampliación del plazo.

"La juez ponderará si eso se puede hacer en los plazos que ella marca, pero creo que prima la calidad, sobre todo cuando la perspectiva temporal con el desarrollo de la pericial económica parece que va a alargarse un poco más", dijo.

García Ortiz subrayó que la demora del proceso sobre el accidente ocurrido hace casi seis años obedece a un "problema estructural" de la justicia, y observó que los funcionarios del Juzgado de Corcubión hicieron "gran esfuerzo", aunque esa jurisdicción "no estaba preparada" para afrontar una instrucción que alcanza los 100.000 folios de la parte civil y 50.000 de la penal, además de la documentación que consta en las piezas separadas.

El fiscal destacó la complejidad del asunto con ramificaciones en una decena de países e indicó que el buque tenía bandera de Bahamas, aseguradora británica, clasificadora estadounidense, fletadora suiza con sede en Londres, aunque dueño, propietario registral, armador y capitán de nacionalidad griega.

Apuntó que las autoridades francesas han accedido a confiar la investigación iniciada por un juzgado de Brest, en la región de Bretaña, a la justicia española, lo que constituye una primicia en el derecho europeo e internacional, y señaló que España aún está pendiente de un recurso ante la justicia de Estados Unidos sobre la responsabilidad civil de la empresa supervisora de inspección ABS.

"El tráfico marítimo está lleno de profesionales serios y competentes", comentó el fiscal, quien lamentó que haya casos de "petroleros monocasco en estado dudoso viajando por el mundo bajo bandera de conveniencia, de compañías que eluden su responsabilidad declarándose inmediatamente en quiebra tras un accidente mientras los responsables desaparecen de sus respectivos países".

Según el fiscal, hay en la actualidad cuatro imputados: el capitán, el griego Apostolos Mangouras, de 73 años, en libertad tras pagar un fianza de 3 millones de euros, y procesado por delitos contra el medio ambiente y desobediencia a las autoridades administrativas, así como el primer oficial y el jefe de máquinas del "Prestige", además del ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors.

El juicio sobre el hundimiento en 1999 frente a las costas de la Bretaña francesa del petrolero "Erika" se celebró seis años después, en febrero de 2007, y la sentencia, emitida a principios de este año, condenó a la petrolera Total, al armador y al gestor del buque y a la empresa de certificación Rina al pago de indemnizaciones por valor de 192 millones de euros, de ellas 154 millones al Estado.

Por Xavier Barros