Zaragoza.- El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios Sociales de Aragón, una ley "de segunda generación" porque la asistencia social se reconoce en ella como un derecho subjetivo de los ciudadanos, lo que coloca a Aragón "a la cabeza" de las autonomías más avanzadas en este campo.
Así lo ha asegurado hoy en la rueda de prensa posterior a la reunión la consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, quien ha explicado que la nueva norma era "urgente y necesaria" para adaptarla a los cambios sociales habidos desde 1987, año del que data la ley en vigor.
Y es "novedosa" sobre todo porque incorpora la consideración de derecho subjetivo para los servicios sociales, y los amplía a muchos colectivos, entre ellos dependientes, menores, mujeres, ancianos, inmigrantes o minorías étnicas.
Se adapta, además, a la nueva realidad social, y hace referencia a los nuevos modelos de familia, a la incorporación efectiva y masiva de la mujer al mercado de trabajo, al envejecimiento de la población, a los movimientos migratorios o a las nuevas demandas sociales, al tiempo que responde a la estructura comarcal y a la reciente aprobación de la Ley de la Dependencia.
La ley, pendiente de un posterior desarrollo, pretende un marco legislativo vertebrador y transversal e incorpora una memoria económica que habrá de incrementarse cuando se apruebe la cartera de servicios que complemente a la norma.
En cuanto a los elementos más significativos del Proyecto de Ley, destaca la configuración del Sistema Aragonés de Servicios Sociales, que tiene como objeto garantizar el acceso a las prestaciones y servicios en condiciones de igualdad, promoviendo formas de convivencia positiva para el desarrollo de las personas y grupos sociales y favoreciendo medidas para la obtención de mayor bienestar social y mejor calidad de vida, así como la prevención y eliminación de la exclusión social.
Forman parte del sistema los recursos de servicios sociales propios de las Administraciones Públicas, así como servicios de las entidades de iniciativa social o mercantil concertados.
El Proyecto de Ley se compone de diez títulos, 96 artículos, nueve disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
Fernández ha destacado el proceso participativo previo a la elaboración de la ley, en el que se han consultado a más de 200 entidades relacionadas con el sector.
La consejera ha deseado que este consenso se extienda ahora al trámite parlamentario de la ley, y ha pedido a los cinco Grupos Parlamentarios que hagan un esfuerzo para que una norma "tan importante como ésta" salga de las Cortes con unanimidad, si es posible.
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