El rechazo de Gambia de un avión que el Ministerio del Interior había fletado desde Canarias con 101 inmigrantes ilegales vuelve a poner sobre la mesa las condiciones en que se realizan las repatriaciones de los sin papeles. Problemas diplomáticos y burocráticos con las autoridades gambianas aparte, según fuentes policiales citadas por EFE, los inmigrantes debieron permanecer encerrados en el avión, sin aire acondicionado, durante seis horas, lo que creó una situación muy tensa entre los pasajeros, entre los que cundió el nerviosismo.
Inmigrantes procedentes de Gambia que viajaban en cayuco son atendidos por la Cruz Roja.
No es la primera vez que surge la polémica a propósito de estos viajes. El año pasado el joven nigeriano Osamuyi Akpitaye murió por asfixia mientras era trasladado a Lagos bajo la vigilancia de dos agentes de la Policía Nacional que le amordazaron.
El caso, que levantó muchas críticas de medios de comunicación y organizaciones, dio lugar al polémico borrador de las 'Normas de seguridad en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima', un documento que incluía la posibilidad de utilizar la fuerza en determinados supuestos. En él se mencionaba el uso de lazos de seguridad, esposas, cascos, cinturones y prendas inmovilizadoras, cinta reforzada e incluso sedantes, entre otros elementos de contención.
El llamado 'Protocolo de repatriación' causó una gran controversia y rechazo entre algunas organizaciones, que lo acusaron de violar los derechos y libertades fundamentales de los inmigrantes y de no respetar las recomendaciones del comisario europeo de derechos humanos. En este sentido, tal y como afirma Begoña Sánchez, portavoz de SOS Racismo, "conviene recordar que las personas repatriadas no son delincuentes peligrosos".
Sin embargo, las condiciones en que transcurren los vuelos no son la única dificultad a la que se enfrentan los inmigrantes clandestinos que son repatriados. En muchas ocasiones se acaban convirtiendo en viajes a ninguna parte, ya que, según Sánchez, no existe ninguna garantía de que las naciones con las que España tiene firmados los acuerdos de repatriación devuelvan a los sin papeles a sus verdaderos países de origen. En este sentido, capítulos como el de el millar de inmigrantes subsaharianos abandonados a su suerte en el desierto por el Gobierno marroquí regresan a la memoria.
"En muchos de estos países, la inmigración clandestina es un delito y los deportados son trasladados a comisarías donde las garantías democráticas dejan mucho que desear", explica. "El problema es que como eso pasa en otro continente, da la sensación que ya no hay ninguna responsabilidad del Gobierno de España, que parece que ha querido alejar a otros países el drama que antes se vivía en nuestras fronteras", concluye.
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