El manifiesto de PNV, EAy EB reivindica la "capacidad plena de decisión" de los vascos

Bilbao.-  El manifiesto en "Defensa de una consulta popular en el País Vasco sobre la paz y la normalización política", acordado por los partidos del tripartito (PNV, EA, EB) y Aralar, solicita a estas formaciones que "incorporen y/o mantengan en sus programas y proyectos la aspiración a la capacidad plena de decisión de la ciudadanía vasca".

Así se recoge en el texto hecho público hoy, al que podrá adherirse la ciudadanía, que se encuentra en las páginas web de las citadas formaciones políticas y que aquellos que quieran respaldarlo tendrán que entregar firmado en las diferentes sedes de esos cuatro partidos.

El manifiesto, que no ha sido presentado en un acto público y ha sido enviado a los medios a través de una nota de prensa, incorpora el deseo del firmante a adherirse "a cuantas iniciativas y demandas desplieguen los partidos políticos en defensa de la consulta popular ante los foros europeos e internacionales", sin especificar en qué consistirán éstas.

Esta iniciativa se produce después de que el Tribunal Constitucional declarara el pasado 11 de septiembre inconstitucional la ley de consulta aprobada por el Parlamento Vasco y tras varias reuniones entre los miembros del tripartito del Gobierno autonómico y Aralar para consensuar este texto.

En el manifiesto se afirma que la "responsabilidad fundamental en la prohibición de la consulta recae en el Presidente del Gobierno español", que, según se añade, "reiteradamente se ha negado a dialogar con los representantes de los partidos citados para alcanzar un pacto político sobre la paz y la normalización, poniendo en manos de los tribunales lo que debe ser resuelto mediante el diálogo y el acuerdo político".

El texto está dividido en tres puntos: antecedentes, valoración e iniciativas.

En el primero de ellos se hace un recorrido por los hechos que se han sucedido desde que el Parlamento Vasco aprobara el pasado 27 de junio la ley de convocatoria y regulación de una consulta popular con el objetivo de recabar la opinión ciudadana sobre "la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política", que culminaría con una consulta popular el 25 de octubre.

Se recuerda que el Tribunal Constitucional, "actuando a iniciativa del presidente del Gobierno español, suspendió, primero, la celebración de la consulta, luego denegó la defensa judicial a los partidos" y, por último, dictó la inconstitucionalidad de la ley de consulta.

"Se ha rechazado, en suma, la celebración de una consulta popular cuya convocatoria fue aprobada por la representación mayoritaria de la ciudadanía vasca reunida en su Parlamento", añade el texto.

En la "valoración" se afirma que la anulación de esta ley "lesiona el derecho de participación en los asuntos públicos y la propia libertad de expresión" y se afirma que se ha denegado al tripartito y a Aralar la posibilidad de defender sus posiciones en apoyo a la ley, lesionándose así también el derecho a la tutela judicial y a la libertad de asociación.

El apartado de iniciativas recoge el deseo del firmante de solicitar a los partidos políticos citados que incorporen y/o mantengan en sus programas y proyectos "la aspiración a la capacidad plena de decisión de la ciudadanía vasca" y su adhesión a las iniciativas que se articulen en defensa de la consulta popular ante los foros internacionales.

El pasado 12 de septiembre, un día después de que se declarara la inconstitucionalidad de la consulta, Ibarretxe anunció que tanto él como el resto de su Gobierno se iban a adherir "como ciudadanos" a un texto de "denuncia política" que se prevé incluir como anexo a una denuncia contra el Reino de España que, según dijo, van a promover PNV, EA, EB y Aralar, y que sería presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una fecha aún por determinar.