Madrid.- El presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, han mostrado hoy su disconformidad con la multa de 1.502 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial al juez Rafael Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés.
El CGPJ, tras haber investigado el papel desempeñado por el juez Tirado, le ha considerado responsable de una "falta grave" por retraso injustificado en la tramitación de la causa en el caso de la niña onubense presuntamente asesinada el pasado 13 de enero por el pederasta Santiago del Valle.
El presidente del Gobierno ha insistido además en que "la inmensa mayoría de los ciudadanos" no entienden la resolución del órgano de gobierno de los jueces, que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha anunciado que va a recurrir para reclamar que la actuación del magistrado sea calificada como una infracción "muy grave".
Las sanciones por infracción muy grave pueden suponer desde la suspensión por un máximo de tres años hasta el traslado forzoso, pasando por la expulsión de la carrera judicial, según establece el reglamento disciplinario del Consejo General del Poder Judicial, quien se encarga de fijar la sanción.
Ha anunciado que se pondría en contacto con el padre de la niña, Juan José Cortés, para explicarle su opinión sobre la sanción y las medidas que el Gobierno ha decidido emprender.
Zapatero ya se reunió con Cortés el pasado 26 de mayo, cuando se comprometió a revisar el Código Penal con el objetivo de controlar a los pederastas a su salida de prisión.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy ha hablado con el padre de Mari Luz, con el que comparte "su dolor" y ha pedido a la Fiscalía que haga "el mayor de los esfuerzos para que sus razones sean atendidas en derecho".
El líder de la oposición ha recordado la propuesta que el grupo parlamentario popular presentó en las Cortes en mayo, para endurecer las penas contra los pederastas, crear un registro y establecer medidas de seguridad cuando salen de la cárcel, y que está a la espera de que el Gobierno cumpla la resolución para convertirse en ley.
Juan José Cortés ha pedido a Rajoy que le ayude a que el juez Tirado no se enfrente sólo a una multa de 1.500 euros por no haber ejecutado la sentencia que habría mantenido en prisión al pederasta Del Valle, y ha dicho que cuando el presidente del Gobierno se ponga en contacto con él, le pedirá ayuda para que se resuelva el asunto cuanto antes.
Mientras, la familia de Mari Luz ha convocado una manifestación para el próximo sábado a las 17:00 horas en la "Plaza Rosa" del barrio onubense de El Torrejón, donde se han llevado a cabo las anteriores movilizaciones, para protestar por la "escasa sanción", y pedir una revisión y su retirada de la carrera judicial.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CM), Vicente Rouco, ha considerado "bastante hipócrita" intentar "hacer responsable por negligencia de la muerte de una niña" al juez Tirado, cuando su Juzgado sufría "carencias e insuficiencias importantes", como "el volumen impresionante" de ejecutorias pendientes, o la baja de la funcionaria responsable de las mismas, entre otras.
Rouco ha asegurado que el magistrado se ha convertido en "la víctima propiciatoria a la que hay que sacrificar para que todo el mundo se quede tranquilo" y no se solucione así el problema de fondo que existe en muchos órganos judiciales en España.
Dos de los tres vocales del Poder Judicial que votaron a favor de sancionar a Rafael Tirado con una multa, el de la mayoría conservadora Carlos Ríos y el independiente Agustín Azparren, han asegurado que Tirado no actuó con desidia, pues su rendimiento en 2007 fue de más del 100 por ciento, un porcentaje de productividad que está "por encima de lo razonable".
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