El Tribunal de la UE sentencia mañana si el País Vasco puede dictar normas fiscales

Bruselas.-  El Tribunal de Justicia de la UE dictamina mañana si las autoridades regionales del País Vasco pueden dictar medidas fiscales, una capacidad que le niegan las comunidades autónomas vecinas de La Rioja y Castilla y León y también la Comisión Europea.

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(EFE)

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, lee un informe del Tribunal de Justicia de la UE.

La apuesta de las Haciendas forales vascas por aplicar tributos más bajos y deducciones a las empresas que se instalen en su territorio (las conocidas como "vacaciones fiscales") está en el origen de una disputa jurídica con las autoridades comunitarias que se alarga ya casi una década.

En varios fallos anteriores, los jueces europeos han dado la razón a la Comisión Europea sobre la incompatibilidad de esos incentivos tributarios con el mercado interior y la normativa comunitaria de ayudas de Estado y han exigido a España la recuperación de los fondos entregados.

En esta ocasión, la corte debe responder a una pregunta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que tramita una denuncia de los Gobiernos de La Rioja y Castilla y León y de UGT-La Rioja por unas ayudas fiscales de 2005.

A la luz de otra sentencia sobre el sistema tributario de las islas Azores (Portugal), el Tribunal de Luxemburgo tiene que aclarar si las administraciones vascas reúnen los requisitos para aplicar una fiscalidad diferenciada o si, por el contrario, las rebajas de impuestos suponen una ayuda de Estado que debe autorizar Bruselas.

Según el fallo referido a las Azores, para aceptar un sistema impositivo propio, éste ha de tener encaje en la Constitución del Estado; el poder regional que apruebe las normas debe tener autonomía para dictarlas, es decir, no requerir autorización del Estado, y la hipotética caída de los ingresos no debe ser compensada por la Administración central.

La abogada general del Tribunal europeo Juliane Kokott, quien presentó su informe sobre el caso el pasado mayo, concluyó que no hay motivo para cuestionar la autonomía del País Vasco para decretar las "vacaciones fiscales" y precisó que corresponde a la Justicia vasca decidir si las medidas de 2005 eran o no contrarias a la legislación europea.

A su juicio, el País Vasco cumple las condiciones para dictar medidas fiscales, pues tiene autonomía institucional, el Estado central no puede interferir en el proceso de aprobación de las mismas y cuenta con margen para definir y perseguir sus propios objetivos de política económica.

Destaca, por último, que las Haciendas forales asumen las consecuencias económicas de posibles caídas de la recaudación derivadas de las ayudas fiscales.