Lo que pagamos en la factura de la luz

En tu factura de la luz pagas primas a las energías renovables, ayudas al carbón, costes de las nucleares y un montón de gastos que desconoces. Se acusa a las energías limpias de encarecer el recibo de la electricidad. Sin embargo, la factura es bastante más larga y hay mucho que contar tras los números.

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Parque eólico de Meira (Galicia)

Si se bucea en la complicada tarifa eléctrica de 2008, a través del último informe al respecto de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de 6 de noviembre (cuadro 0) llama la atención la gran cantidad de conceptos que se pagan aparte de la generación, transporte o distribución de la electricidad que llega a nuestras casas. Entre ellos, saltan a la vista epígrafes con nombres a veces tan crípticos como: compensaciones insulares y extrapeninsulares, fondo para la financiación de actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, incentivo al uso del carbón autóctono, prima del Régimen Especial, costes de la compensación por interrumpibilidad... ¿Qué significa todo esto? Estos son algunas de las historias que cuenta tu factura eléctrica de 2008:

—Compensación insulares (1.151 millones de euros): Las líneas de alta tensión que transportan la electricidad por toda la Península no llegan a las islas. Como detalla la Comisión Nacional de la Energía, los archipiélagos de Canarias y Baleares deben abastecerse ellos mismos y lo hacen principalmente con centrales de fueloil que producen una electricidad más cara (sobre todo cuando se dispara el precio del petróleo). Sin embargo, la legislación nacional estipula que la tarifa de la luz debe ser la misma para todos los españoles, lo que genera un déficit con las compañías eléctricas que operan en las islas que es repartido entre todos los ciudadanos.

—Moratoria nuclear (3,3 millones de euros): Con la llegada de Felipe González a La Moncloa en 1982, el nuevo Gobierno socialista recorta los planes estatales de los años 70 de puesta en marcha de nuevas centrales nucleares y esto acabará suponiendo la paralización de la construcción de cinco reactores atómicos: Lemoniz I y II (en Vizcaya), Valdecaballeros I y II (en Badajoz) y Trillo II (en Guadalajara). Según el Foro de la Industria Nuclear, el reactor I de Lemoniz estaba ya en pruebas, el II como a un 70% de las obras, el I de Valdecaballeros también como a un 70%, el II como a un 40%, y el II de Trillo no había comenzado a construirse. La Ley 40/1984 fija unas compensaciones a los titulares de las centrales paralizadas por las inversiones perdidas con la llamada moratoria nuclear, que se deciden financiar mediante un porcentaje de lo que pagan los ciudadanos en la factura de la luz. En la disposición adicional octava, se estipula que la compensación deberá ser plenamente satisfecha en un plazo máximo de 25 años y se calcula que el valor base de éstas sea: 340.054 millones de pesetas para Valdecaballeros, 378.238 millones para Lemóniz y 11.017 millones para Trillo II. En total, 729.000 millones de pesetas (unos 4.381 millones de euros actuales). Posteriormente, se realizaron diversas actualizaciones y el Real Decreto 470/2006 acortó el plazo límite para cubrir las amortizaciones al año 2015, como consecuencia de los fuertes aumentos en la demanda de energía eléctrica y la reducción de los tipos de interés en España a raíz de la adopción del euro. La llamada moratoria nuclear terminó en 1997 con la liberalización del sector eléctrico y por ello cualquier empresa podría construir una nueva planta nuclear si quisiera.

—Gestión de residuos radiactivos (60,9 millones de euros): Hasta hace muy poco tiempo, la gestión de los residuos radiactivos generados por las centrales nucleares (desde que empezara a funcionar el primer reactor en 1968) era un gasto asumido por el Estado al considerarse un "coste de diversificación y seguridad de abastecimiento" del sistema eléctrico. Esto cambió con el Real Decreto Ley 5/2005, que en su artículo vigésimo quinto, dicta que sólo se sigan imputando a la tarifa eléctrica aquellos residuos derivados de la explotación de las centrales hasta el 31 de marzo de 2005, siendo asumidos los demás a partir de entonces por las propias plantas. De los anteriores a 2005 que todavía deben costearse con la factura de la luz, el apartado económico del Sexto Plan General de Residuos Radiactivos (página 61) cifra su cuantía en 6.340 millones de euros, de los que quedaban por recaudar 2.704 millones en el periodo 2007-2070.

—Incentivo al uso del carbón autóctono (93 millones de euros): A pesar de ser el carbón hoy en día la principal fuente de CO₂ del país (unas emisiones con un alto precio económico para el país), desde hace años el Estado sigue aportando ayudas a esta tecnología, para sostener la maltrecha minería de carbón español. Una de las vías vuelve a ser la tarifa eléctrica, que en 2008 incluye un apartado para el "incentivo al uso del carbón autóctono" de 93 millones de euros. Pero esta no es la única ayuda. Según el Ministerio de Industria, en los últimos Presupuestos Generales del Estado se incluyen también más de 328 millones de euros para el carbón, en la partida de ayudas al funcionamiento.

—Plan de viabilidad de Elcogas (75,5 millones de euros): En la tarifa eléctrica de 2008 también aparece un concepto con un coste de 75 millones de euros bajo el epígrafe de "Plan de viabilidad de Elcogas, S.A". Esta es una sociedad dedicada a la construcción y explotación de una planta en Puertollano (España) basada en la tecnología de gasificación de carbón integrada en un ciclo combinado, una tecnología que busca reducir los altos niveles de contaminación de las plantas que utilizan carbón. Según Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2007, la previsión de pérdidas acumuladas por Elcogás al finalizar el año 2006 hace necesario dotar a la sociedad con carácter excepcional de un apoyo regulatorio "que la permita continuar con su actividad y cumplir con el objetivo, definido por la Unión Europea, de desarrollar tecnologías de producción limpia", una fórmula con la que poder seguir consumiendo carbón. Según especifica este acuerdo, "dicho plan de viabilidad consistirá en aportaciones anuales a fondo perdido con cargo a la tarifa eléctrica".

—Primas del Régimen Especial (2.356 millones de euros): Las primas del llamado Régimen Especial son las que van a parar a las energías renovables (eólica, solar, biomasa, incluso hidráulica) para ayudar a su desarrollo, pero también a la cogeneración y a la quema de residuos urbanos para generar electricidad. De los 2.236 millones pagados en el año 2007, por ejemplo, más de 800 millones no tuvieron nada que ver con la promoción de estas energías que sí son de verdad limpias, y autóctonas.

—Interrumpibilidad (14 millones/380 millones de euros): En la tarifa aparece también dos epígrafes relacionados con el término "interrumpibilidad". Son muy diferentes y también tienen unos costes muy distintos. Según la CNE, el primero tiene un coste de 14,8 millones y es para las centrales que cubren los huecos que dejan las renovables cuando deja de soplar viento o de lucir el sol. El segundo alcanza una cifra de 380 millones y es para compensar a los consumidores de alta tensión (es decir, grandes siderúrgicas o compañías como Renfe) que acepten que se les corte el suministro cuando se dispara la demanda eléctrica, independientemente de si se les corta o no.

—Recargo déficit tarifario (387,9 millones de euros): El total de la tarifa eléctrica de 2008 da un resultado negativo de -4.766 millones de euros. Si se suman todos los costes incluidos en ella, el montante de la factura es mucho más alto que el precio que paga hoy en día el ciudadano por la electricidad, que está regulado por el Gobierno. Para evitar un aumento de la factura de la luz que fuese muy impopular, desde que fuera ministro Rodrigo Rato, una parte de lo que se debe pagar a las compañías eléctricas se aplaza en el tiempo. Es el famoso déficit tarifario. En la tarifa eléctrica de 2008 se incluye un recargo de 387,9 millones por lo que se dejó de pagar en el año 2005, pero este agujero no deja de agrandarse y llegará a final de año a los 16.000 millones de euros.

ruly (flickr)

La central nuclear de Lemoniz

Las energías renovables en el punto de mira

Para evitar que siga creciendo más el agujero del déficit tarifario, la CNE ha planteado que se debería subir un 31% la factura de la luz que pagan los consumidores. Mientras algunas voces consideran necesaria una subida de la electricidad que refleje los costes reales de la electricidad para estimular el ahorro y la eficiencia, otras se han apresurado a señalar a las energías renovables como las culpables de encarecer esta factura. De hecho, la patronal UNESA ha dejado caer incluso la posibilidad de sacar de la tarifa las primas a las renovables (así como la compensación insulares), para que sean financiadas vía Presupuestos Generales del Estado, lo que ha hecho poner el grito en el cielo a los productores de energías renovables.

En su defensa, los renovables se han puesto a hacer números y alegan que no sólo no son caros sino que resultan muy positivos para el país por diversos motivos. A la cifra dada por la CNE que estima en 991 millones de euros el coste de las primas de los molinos de viento durante 2008 (unos 23 euros por cada español), desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) replican con sus cálculos que también ahorraron a los consumidores 1.198 millones de euros al desplazar otras tecnologías más caras (justo el efecto contrario de lo que ocurre en las islas), lo que da un balance positivo de 207 millones de euros. Además, según aseguran, con el movimiento de las palas de los aerogeneradores evitaron la compra al exterior de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) por valor de 1.000 millones de euros y la emisión de 18 millones de toneladas de CO₂ que hubieran sido generadas por las otras plantas térmicas para producir la misma electricidad. "No se puede hablar de sobrecoste, sino de un ahorro tanto para el sistema eléctrico como la economía nacional", inciden desde AEE.

Javier García Breva, director general de Solynova Energía y ex director general del IDAE, se mostraba contundente en un artículo reciente aparecido en Energías Renovables: "Las importaciones de petróleo nos cuestan 50.000 millones de euros al año, o lo que es lo mismo 1.087 euros por habitante. Y las emisiones de CO₂ 2.500 millones, o lo que es lo mismo, 54 euros por habitante. Conclusión: el consumo de combustibles fósiles cuesta a cada uno de los 46 millones de ciudadanos españoles 1.140 euros, 14 veces más que el consumo de renovables".

Siempre según los productores renovables, a esto se podría añadir la buena salud de un sector nuevo industrial que, en el caso, de los molinos de viento, ha supuesto ya la creación de más de 40.000 empleos y exportaciones de tecnología por valor de 2.500 millones de euros el año pasado. Una situación que nada que tiene que ver con la de otras fuentes energéticas.

¿Por qué no financiar estas primas por medio de los Presupuestos Generales del Estado en lugar de la tarifa eléctrica? Para los renovables, en primer lugar porque consideran que estas primas forman parte del propio sistema eléctrico, al tratarse de incentivos al kilovatio producido. Pero también por la inseguridad que crearía esto. Tras las muchas ayudas que se han dado históricamente (y se siguen dando) a las nucleares, al carbón o al gas, los productores renovables consideran esta opción muy peligrosa, pues estarían expuestos a posibles cambios o recortes en cualquier momento. Quieren la misma seguridad que se ha dado a tecnologías como la nuclear para las inversiones que han realizado ya en base al pago de unas primas estipuladas por Ley. "Es una barbaridad", se lamenta José María González Vélez, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), "si tu trabajases en una empresa y no supieras lo que vas a cobrar a fin de mes, te meterías a pedir un crédito".