Los retos del CGPJ: entre la sombra de Montesquieu y la modernización

Tras dos años de bloqueo durante los que ha parecido imposible llegar a un acuerdo, hoy por fin, el PP y el PSOE han pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno del Poder Judicial.

(EFE)

Gema Gallego y Margarita Robles vocales del CGPJ a propuesta del PP y el PSOE, con perfiles muy políticos.

El CGPJ llega a esta nueva etapa con la sombra de la separación de poderes de Montesquieu sobre su cabeza y una imagen desgastada por el constante bloqueo político al que ha estado sometido desde noviembre de 2006, que ha puesto en duda su verdadera capacidad operativa al margen de los designios políticos de los partidos mayoritarios.

¿Cuáles son los retos de futuro que deberá acometer con más urgencia? Le hemos preguntado a diversas personalidades del mundo de la magistratura y esto es lo que nos han respondido:

La despolitización del Consejo

"Con que logre reconstruir la imagen de crédito y confianza del Consejo, daríamos por buenos sus cinco años de ejercicio". Con estas palabras Antonio García Martínez, portavoz de la Asociación Profesional de Magistratura, sintetiza la necesidad del CGPJ de desprenderse del largo historial de desencuentros políticos que se han protagonizado en su seno. "El anterior Consejo se ha comportado en bastantes ocasiones con criterios políticos, haciendo pronunciamientos ajenos al mundo judicial, lo que ha tenido como consecuencia que pierda su legitimidad democrática", coincide Miguel Ángel Jimeno, portavoz de Jueces para la Democracia.

Enrique López, portavoz del actual CGPJ, no es tan crítico con la actuación durante los últimos años de este órgano, sino que arremete contra el procedimiento de designación de los vocales. "Lo que está politizado es el sistema de elección, en el que los partidos políticos designan a los miembros", afirma López, quien espera que en el futuro se modifique esta fórmula.

Sin embargo, a pesar del énfasis que se ha puesto sobre este punto, el dato que enseguida ha llamado la atención al conocerse la lista de vocales designados por los partidos políticos es comprobar que todos los magistrados están adscritos a alguna de las dos asociaciones mayoritarias de jueces, a pesar de que casi el cincuenta por ciento de la carrera no pertenece a ninguna ellas. Así, todos los candidatos del PP provienen de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y todos los del PSOE (excepto uno) de la progresista Jueces para la Democracia. Esto se ha interpretado como un signo de la voluntad de ambos partidos de estrechar su control sobre el órgano.

Teniendo en cuenta las sospechas de politización que pesan sobre el CGPJ, ¿es una buena manera de empezar la nueva etapa? Para Jimeno ésta no es señal de que los vocales no vayan a actuar con independencia. "Lo que determinará si el Consejo actúa bien, será su comportamiento, no los nombramientos", afirma. García Martínez comparte su visión aunque advierte de la necesidad de actuar con "responsabilidad institucional y desde el consenso y el entendimiento".

La modernización de la Justicia

Casos como el de la niña Mari Luz, cuyo presunto asesino se encontraba en libertad como consecuencia de una serie de errores judiciales concatenados, han permitido evidenciar y percibir en su plenitud el déficit estructural de la Justicia española, que demanda un profundo proceso de modernización. Los jueces coinciden en que el Consejo General del Poder Judicial ha de tener un papel constructivo en esta transformación. Los dos principales partidos, además, han señalado la renovación del órgano como el punto de inicio de la mejora del sistema judicial.

Sin embargo, advierten, la modernización no es el maná que cae del cielo y el Consejo no tiene competencias para llevarla a cabo, sino que es sólo uno más de los agentes que debe apoyarla. "A quien le corresponde dar el impulso de la actualización de la Justicia es al Ministerio", afirma López. "El Consejo no es la única instancia responsable de lo mal o lo bien que funcione la Justicia en España", coincide García Martínez.

¿Y cuáles son las principales fallas que se deben afrontar cuanto antes? La carencia de medios y herramientas tecnológicas, la falta de una inversión presupuestaria generosa y la coordinación entre las distintas instancias judiciales son algunas de las deficiencias que el CGPJ deberá denunciar de forma más acuciante.