Varias CCAA y colectivos temen que limitar los contratos puedan fomentar la inmigración ilegal

Madrid.-  La propuesta del Gobierno de limitar los contratos en origen ha suscitado hoy numerosas reacciones, y algunas Comunidades Autónomas y organizaciones sociales han advertido de que esta medida puede fomentar la inmigración ilegal.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer que en 2009 las contrataciones de extranjeros en su país de origen se limitarán a los convenios internacionales firmados por España o a contratos de especialización, una medida que ha vuelto a ser defendida por el Gobierno.

El PP (partido que ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega), se ha alegrado de que el Gobierno reconozca que la capacidad de acogida de España "no es ilimitada".

Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha reclamado a los socialistas que no vuelvan a utilizar frases como "papeles para todos" y ha pedido que se actúe con "responsabilidad y sin demagogia".

Por su parte, IU ha acusado a Corbacho de culpar al inmigrante de la falta de creación de empleo y ha dicho que la contratación en origen es "imprescindible" con el fin de "no fomentar la inmigración desregulada".

Frente a esta opinión, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha considerado "razonable" que la contratación en origen de extranjeros se adapte a la actual situación de desempleo, por lo que habrá que hacer "mucho más restrictivos" los mecanismos de contratación en origen.

Asimismo, ha dejado claro que esta reducción no afectará a todos los sectores laborales ni afectará a los convenios internacionales firmados con los países de origen, y ha calificado como de "aurora boreal" algunas de las críticas recibidas desde el PP.

El portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, ha recordado al PP que en 2004, cuando los socialistas llegaron al poder, había al menos 700.000 inmigrantes en situación irregular en España, lo cual prueba que este partido nunca ha tenido una verdadera política de inmigración.

UGT ha mostrado su preocupación y sorpresa por el anuncio de Corbacho, al igual que CCOO, que, además, ha afirmado que este tipo de medidas "ya las puso en marcha el Gobierno de Aznar y el resultado fue una enorme bolsa de trabajadores inmigrantes en situación irregular".

SOS Racismo ha opinado que la medida "promueve" la xenofobia y ha advertido de que se puede fomentar la irregularidad y la economía sumergida.

Distintas comunidades han dado también su opinión; el conseller de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, ha dicho que poner fin a los contratos en origen "puede incrementar" las cifras de inmigración ilegal y ha reclamado un Pacto de Estado con la participación de las comunidades.

De la misma opinión es el Gobierno Vasco, que ha advertido de que prescindir de la contratación en origen provocaría el aumento de la inmigración ilegal y del tráfico de personas.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria, ha afirmado que el Ejecutivo canario apoyará todo lo que suponga avanzar en una política de inmigración alejada del "corte demagógico".

Además pidió al Gobierno central que diga que no volverá hacer más una regularización masiva como hizo en la pasada legislatura.

El portavoz del Gobierno madrileño, Ignacio González, ha pedido al ministro que explique por qué "quiere cargarse la contratación en origen" de inmigrantes, si el PSOE la ha defendido como "instrumento esencial" para la entrada "ordenada y legal" de extranjeros.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha advertido de que "muchas campañas pueden peligrar" y ha pedido al Ministerio que aclare los detalles de esta medida.

COAG ha aclarado, no obstante, que comprenden perfectamente que en un momento como el actual tengan prioridad los desempleados del propio país, por ello ha asegurado que el sector agrario está dispuesto a "colaborar" y ha considerado imprescindible una reunión con Corbacho.