El ministro de Justicia cree que el caso de 'el Astillero' muestra la necesidad de cambiar el Código Penal

Madrid.-  El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado hoy que el caso de Marcelino Fernández Arnaiz, "el pederasta de Astillero", que presuntamente ha vuelto a reincidir cuando sólo habían pasado tres días desde que salió de prisión, es "un buen ejemplo" de la necesidad de reformar el Código Penal.

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(EFE)

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, durante la rueda de prensa que ofreció hoy para presentar la memoria de la Abogacía General del Estado de 2007.

"Es un buen ejemplo de la necesidad de modificar el Código Penal en el sentido que el presidente del Gobierno se comprometió, en el sentido que el Parlamento pidió y en la dirección en que el Ministerio de Justicia está trabajando intensamente" para conseguir una herramienta útil que eviten situaciones como ésta, ha señalado.

El "pederasta de Astillero", multirreincidente, fue detenido como sospechoso de haber abusado de una niña de 6 años sólo tres días después de salir de la prisión de Dueñas (Palencia) tras haber cumplido la última de sus condenas.

El ministro ha explicado que ahora, cuando un condenado cumple su condena y sale en libertad con un "mal pronóstico", no existe posibilidad de controlarle.

Ante estas situaciones, ha indicado, se está trabajando en primer lugar en revisar la cuantía de las penas para ver si conviene agravarlas en casos de pederastia.

En segundo lugar, se analiza el establecimiento de penas accesorias con medidas de seguridad para los casos en los que hay una excarcelación por cumplimiento de la pena con un pronóstico negativo de reinserción.

Así, en el caso de delincuentes sexuales y si existe posibilidad de que reincidan, se estudia que "podamos intervenir con medidas de control de libertad que pueden conllevar la utilización de medios electrónicos, si fuese necesario, y la posibilidad de imponer coactivamente un tratamiento que sea eficaz", ha dicho Fernández Bermejo.

Según el ministro, que ha indicado que el proyecto de ley estará en el Parlamento en otoño, estas medidas de control son muy importantes "para impedir que una libertad de movimientos total se pueda traducir en reincidencia".

Por otra parte, Fernández Bermejo ha considerado que la sanción que pide el fiscal por una falta muy grave para el juez de Sevilla Rafael Tirado por el caso de la niña Mari Luz Cortés "defiende mejor los intereses generales" que la del Consejo del Poder Judicial, que califica la infracción de grave.

En una rueda de prensa para presentar la Memoria de la Abogacía General del Estado de 2007, el ministro de Justicia se ha referido a la discrepancia entre el instructor del expediente abierto a Tirado -que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al detenido por la muerte de Mari Luz- y el fiscal.

Así, mientras la sanción propuesta por el instructor del expediente del CGPJ puede ser de una multa máxima de 3.000 euros, el castigo por la infracción muy grave que pide la Fiscalía puede ser de suspensión por hasta 3 años, traslado forzoso o expulsión de la carrera judicial.

Para el titular de Justicia, la posición de la Fiscalía "es muy ajustada a la realidad de lo acaecido".

Por ello, la decisión del Ministerio Público en este caso "defiende mejor los intereses generales y el modo en que debe controlarse la actividad judicial irregular en este país".