Aprueban la modificación del crédito de más de 1,6 millones de euros para indemnizar a los taxistas

Vigo.-  El Ayuntamiento de Vigo aprobado hoy una modificación de crédito por valor de más de 1,6 millones para hacer frente a la indemnización a cuarenta taxistas a quienes a principios de la década de 1990 se les atribuyeron licencias que los tribunales declararon posteriormente ilegales.

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(EFE)

En la imagen, concentración de taxistas en Santiago de Compostela en protesta por el asesinato de un compañero.

La modificación de crédito, aprobada en la reunión plenaria del Ayuntamiento con los votos a favor de la coalición PSdeG-BNG y la la abstención del PPdeG, se produjo durante un debate tenso.

El desembolso económico por parte del consistorio a los taxistas asciende a 1,3 millones de euros y los 0,3 millones restantes ha sido reservado para posibles futuras indemnizaciones.

Durante el debate plenario, el vice-portavoz del PPdeG de Vigo, José Manuel Figueroa, afirmó que la indemnización de los taxistas es la "más elevada de la historia" y pronosticó en los próximos meses más indemnizaciones por decisiones judiciales.

El PPdeG consideró que el Ayuntamiento tendrá que pagar hasta 1,8 millones de euros a ciudadanos a los que entre 1992 y 1995 fueron víctimas de un exceso de facturación por consumo de agua.

Figueroa dijo que tanto la indemnización a los taxistas como las previsibles compensaciones a determinados consumidores por el suministro de agua son consecuencia de la "irresponsabilidad" de anteriores gobierno municipales dirigidos por el PSdeG.

Sobre las indemnizaciones a taxistas, Figueroa dijo que los representantes del PPdeG ya habían advertido en el momento de la concesión de las licencias que el pueblo acabaría pagando esa equivocación, por considerar que eran ilegales.

Por ello, pidió responsabilidad política al PSdeG, formación a la que acusó de haber "engañado" a la ciudadanía.

Por su parte, el portavoz del PSdeG, Carlos Font, dijo que cuando se otorgaron esas licencias no estaban en el Ayuntamiento ninguno de los concejales de esa formación que actualmente configuran el equipo municipal, pese a que Figueroa afirmó que el actual concejal de Tráfico, Xulio Calviño, formaba entonces parte de la Corporación.

Font reprochó, en cambio, al PPdeG el haber cometido la mayor ilegalidad registrada en Vigo que en su opinión constituye la concesión de la licencia para la construcción de un centro comercial en la denominada Finca do Conde, un edificio sobre el que ahora pesa una orden judicial de derribo al haber sido declarada ilegal.

Añadió que en caso de tener que hacer frente a una indemnización por ilegalidad urbanística, el Ayuntamiento debería desembolsar unos cien millones de euros, lo que supondría la quiebra financiera para las arcas municipales.

Por su parte, el teniente de alcalde de Vigo, Santiago Domínguez, del BNG, criticó que tanto el PPdeG como el PSdeG se crucen reproches sobre procedimiento ilegales como "arma arrojadiza" y pidió aunar esfuerzos para que "no ocurra más" situaciones similares y evitar así indemnizaciones millonarias.