Mérida.- La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as de Centros Públicos (FREAPA-CP) ha solicitado hoy a la Junta de Extremadura medidas eficaces para conseguir una distribución equitativa, entre la escuela pública y la privada concertada, del alumnado inmigrante y de minorías étnicas.
Según los datos del Ministerio de Educación y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que ha aportado Delgado, el porcentaje de alumnado extranjero y el de las minorías étnicas en los centros públicos extremeños es del 90,43 y 100 por cien, respectivamente.
Así lo ha anunciado hoy en una rueda de prensa el presidente de FREAPA, Rafael Delgado, tras presentar en la Consejería de Educación un documento, en el que reiteran su compromiso en defensa de una escuela pública para Extremadura de calidad, que garantice la igualdad de oportunidades educativas y la cohesión social.
Según los datos del Ministerio de Educación y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que ha aportado Delgado, el porcentaje de alumnado extranjero y el de las minorías étnicas en los centros públicos extremeños es del 90,43 y 100 por cien, respectivamente.
Estos datos no son admisibles y se deben, en su opinión, a que la enseñanza concertada, sostenida con fondos públicos, cobra cuotas "voluntarias" a las familias, lo que hace que renuncien las de origen inmigrante.
Por ello, ha demandado que se establezcan controles que eviten estos pagos en muchos de estos centros.
Asimismo, ha solicitado que se elimine el uso del uniforme escolar, ya que esta medida, según Delgado, disuade también a las familias de inmigrantes o de minorías étnicas a la hora de solicitar plaza escolar en los centros concertados.
Delgado ha instado también al Gobierno autonómico a destinar una mayor inversión y apoyo a la escuela pública y a su profesorado, para que pueda dar siempre una respuesta adecuada al alto porcentaje de inmigrantes.
Por otro lado, el presidente de FREAPA ha subrayado que mantiene el compromiso rubricado en el Pacto por la Educación en Extremadura, según el cual la educación es un derecho cuya prestación constituye un servicio público, en la que colabora la enseñanza privada.
Delgado ha señalado que la consejera de Educación, Eva María Pérez, ha vulnerado lo recogido en este acuerdo porque, a su juicio, sigue ampliando la concertación con los centros privados, a pesar de ser un riego para el futuro de la escuela pública y constituir una "red dual" que en determinadas localidades y barrios se convierte en subsidiaria de la privada.
Ha asegurado que se han concertado nuevas unidades de Educación Infantil en lugares donde hay oferta pública suficiente en la zona para atender la demanda de escolarización, como el colegio "San Luis" de Mérida, el "Claret" de Don Benito o el "Ruta de la Plata" de Almendralejo.
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