La oposición llama a la resistencia y denuncia una dictadura de Morales por su "decretazo"

La Paz.-  La oposición en Bolivia llamó hoy a la resistencia civil y denunció que el presidente Evo Morales actúa como un "dictador" por haber convocado mediante un "decretazo" a dos referendos sobre el proyecto de nueva Carta Magna y a tres elecciones para el próximo 7 de diciembre.

Los opositores bolivianos reaccionaron de esa forma al decreto que el gobernante izquierdista promulgó la noche del jueves en el Palacio de Gobierno de La Paz, junto a dirigentes sindicales y sociales, para organizar las cinco votaciones simultáneas.

Con esa decisión, Morales pretende sacar adelante el proyecto de nueva Carta Magna aprobado, de forma polémica y en medio de graves disturbios, por la Asamblea Constituyente en 2007.

El texto cuenta con el rechazo frontal de las fuerzas conservadoras de Bolivia y de los líderes políticos y cívicos autonomistas de cinco de las nueve regiones del país.

El proyecto fue aprobado en noviembre del año pasado en primera instancia en una sesión de los asambleístas convocada en un recinto militar de la ciudad de Sucre y en ausencia de la oposición, con graves desórdenes que causaron tres muertos y centenares de heridos.

Al mes siguiente, el texto fue ratificado en la ciudad andina de Oruro.

En una de las consultas del próximo 7 de diciembre, los bolivianos votarán sobre el texto completo de 447 artículos aprobado en Oruro con el que Morales desea refundar su país y enterrar la normativa que considera "neoliberal" y en la otra deben dirimir la superficie para que un latifundio improductivo se pueda expropiar.

El ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), líder de la alianza conservadora y opositora Podemos, que controla el Senado, llamó a una resistencia civil contra lo que tildó de "decretazo dictatorial" de Morales, al señalar que pasó por alto al Congreso.

Quiroga advirtió en una rueda de prensa que el decreto es un "golpe a la democracia, un llamado a la guerra civil y está produciendo la división de Bolivia" y agregó que Morales "está ahora en función de dictador, no de presidente constitucional".

A la desobediencia también convocó el prefecto (gobernador) de la próspera región de Santa Cruz, Rubén Costas, quien dijo que la decisión del Gobierno "ha sepultado por decreto la democracia boliviana".

"Está demostrando su talante autoritario, buscando la eternización en el poder y legislando por decretos, tal como lo hicieron el dictador (Luis) García Meza y el (ex presidente) neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada", indicó Costas, según un boletín difundido por la prefectura de Santa Cruz.

Costas y sus homólogos de Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca han anunciado que frenarán las consultas en esos departamentos, aunque el Gobierno cree que finalmente no podrán oponerse, porque, a su juicio, en esos lugares también hay respaldo a Morales como se mostró en el referendo del 10 de agosto que aprobó su mandato.

En esa consulta, Morales obtuvo un apoyo del 67,4 por ciento a la continuidad de su mandato, pero también quedaron ratificados los prefectos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, los más duros opositores al mandatario indígena.

Además de las dos consultas constitucionales, la norma emitida el jueves establece que el mismo 7 de diciembre se celebrarán los comicios para las prefecturas de La Paz y Cochabamba, cuyos titulares fueron revocados en la consulta del 10 de agosto.

En la misma fecha, los bolivianos también votarán para elegir a subprefectos de las 112 provincias de los nueve departamentos y a consejeros departamentales que cumplen tareas de fiscalización y de planificación en las prefecturas.

Frente a las criticas sobre la presunta ilegalidad del decreto, el Gobierno señaló hoy que la norma ha establecido una fecha para las votaciones, pero usa como base la ley de convocatoria a los referendos que fue aprobada en el Congreso en febrero pasado con la previsión de que se celebraran el 4 de mayo.

Esa norma fue aprobada con los votos oficialistas en un sesión celebrada en medio de un violento cerco instalado por los sindicatos afines a Morales que hostigaron a diputados opositores.

Días después, la Corte Nacional Electoral (CNE) resolvió suspender esa convocatoria, porque, argumentó, no existían "las condiciones técnicas, operativas, legales y políticas", para llevar adelante la consulta constitucional.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, uno de los principales asesores jurídicos de Morales, explicó que la ley emitida en febrero en la primera convocatoria tiene vigencia legal y dijo que la CNE suspendió las consultas en aquel momento porque tenía problemas de tiempo para organizarlas.

San Miguel también minimizó los llamados opositores a la resistencia y sostuvo que también hicieron esas convocatorias antes del referendo sobre mandatos del 10 de agosto.