Bogotá.- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, y el Juez de la Audiencia Nacional Española Baltasar Garzón asistieron hoy a la exhumación de más de veinte víctimas de los escuadrones paramilitares de derecha en la zona bananera de Urabá, en el noroeste colombiano.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, realiza una visita de tres días a Colombia en la que recogerá informes sobre los procesos judiciales a paramilitares de derecha.
El jurista argentino Moreno Ocampo y el español Garzón viajaron a la zona montañosa de Turbo (departamento de Antioquia, 600 kilómetros al noroeste de Bogotá), donde la Fiscalía colombiana ubicó fosas comunes con los restos de entre 22 y 27 osamentas.
Moreno Ocampo y Garzón llegaron al sitio de las fosas en un helicóptero acompañados por el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, y el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional.
Allí, en un recorrido de menos de casi dos horas, los forenses de la Fiscalía explicaron que en las tumbas, situadas en la finca "La Trampa" de la zona rural de Las Cañas, hay restos de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ultimados por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los rebeldes sepultados en esa zona fueron víctimas del "Bloque Bananero" de las AUC, que comandaba Ever Veloza, alias "H.H.", quien está detenido y afirmó haber dado orden de asesinar a unas 3.000 personas.
La semana pasada el Ejecutivo colombiano aprobó la extradición de "H.H." a Estados Unidos por narcotráfico, pero difirió su entrega por cuatro meses mientras resuelven los procesos judiciales en Colombia.
El juez Garzón se refirió a la posible extradición de "H.H." y advirtió de que "ningún Gobierno democrático extraditaría a una persona que está entregando información valiosa en un proceso como el de Justicia y Paz".
Los delegados internacionales apreciaron algunas osamentas con uniformes militares de camuflaje y botas, halladas por un equipo de expertos con el apoyo de cinco perros amaestrados de la Policía.
Tanto el fiscal de la CPI como el juez Garzón se mostraron impresionados con las sepulturas, si bien destacaron la labor del equipo y respaldaron el proceso de justicia y reparación a las víctimas de los múltiples de crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por las AUC.
Esta organización, que reunía a las cooperativas de seguridad campesina creadas hace más de 20 años para combatir a las guerrillas, quedó casi disuelta tras el proceso de paz celebrado entre 2003 y 2006.
En dicho proceso se desmovilizaron más de 31.000 combatientes, de los cuales, unos 3.000 esperan la aplicación de la Ley de Justicia y Paz promulgada en 2005.
Moreno Ocampo y Garzón coincidieron en que el trabajo de la Fiscalía colombiana es "de categoría internacional y advirtieron de que los equipos forenses trabajan en algunas zonas en las que aún hay conflicto, pero señalaron que todavía se debe avanzar en esa tarea.
El fiscal Iguarán explicó que la Fiscalía trabaja simultáneamente en 19 puntos del país en la exhumación de víctimas de los paramilitares.
Precisó que en el último año y medio la Fiscalía ha recibido más de 4.500 denuncias de desaparecidos que se intenta ubicar en fosas comunes.
Anteriormente, la Fiscalía de Colombia exhumó restos de víctimas de distintos bloques paramilitares en fosas comunes ubicadas en los departamentos del Valle del Cauca (suroeste), Putumayo (sur) y Sucre y Córdoba (noroeste), regiones donde tuvieron mayor actividad los paramilitares.
Este proceso pretende mitigar el dolor de las familias de las personas asesinadas por las AUC, que celebró conversaciones de paz con el Gobierno colombiano entre el 2003 y el 2006.
Varias organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos calculan que en toda Colombia puede haber más de 10.000 cadáveres de víctimas de paramilitares enterrados en fosas comunes.
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