Bogotá.- La Fiscalía de Colombia ordenó hoy liberar por falta de pruebas al ex senador y ex presidente del Congreso Mario Uribe Escobar, primo del presidente del país, Álvaro Uribe, y preso desde abril pasado por presuntos nexos con paramilitares de derecha.
Fotografía sin fechar, cortesía de el diario El Mundo, del ex senador colombiano Mario Uribe Escobar, cuya detención fue ordenada el pasado 22 de abril con una causa por concierto para delinquir por presuntos nexos con grupos paramilitares.
El vicefiscal general Guillermo Mendoza Diago declaró a los periodistas que se solicitó la libertad de Uribe Escobar al no considerarse válidas las denuncias hechas por un ex paramilitar asilado en Canadá, que acusaba al ex congresista de tener relaciones con la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El ex senador fue arrestado el pasado 22 de abril luego de su intento infructuoso para pedir asilo político en Costa Rica.
Mendoza Diago indicó que se concedió la libertad al primo de Uribe en respuesta a una petición de su abogado, José del Carmen Ortega, quien argumentó que no había pruebas suficientes para mantenerlo detenido, pero precisó que el proceso en su contra sigue abierto.
"No es una absolución ni se trata de una decisión definitiva", explicó el vicefiscal al aclarar que el ex senador queda sujeto a limitaciones para salir del país y a presentarse a la Fiscalía cuando sea requerido.
Uribe Escobar, líder del movimiento Colombia Democrática, que respalda al actual gobernante, renunció en octubre de 2007 a su escaño de senador por el departamento de Antioquia después de que un ex miembro de las AUC, Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirri", lo acusara de haber asistido a reuniones con jefes de ese grupo.
El ex legislador es uno de los casi cuarenta congresistas de fuerzas afines al presidente Uribe arrestados dentro del llamado escándalo de la "parapolítica", de los que cinco ya recuperaron la libertad y siete han sido condenados.
Este escándalo se desató a finales del 2006, cuando se descubrieron pactos electorales y la recepción por parte de políticos de dinero de los entonces jefes de las AUC para financiar sus campañas.
Las AUC celebraron un proceso de paz con el Gobierno entre 2003 y 2006, en el que desmovilizaron a más de 31.000 combatientes.
Dicha organización agrupaba a comandos de "justicia privada" surgidos hace más de veinte años en zonas rurales para combatir a las guerrillas izquierdistas y que cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad.
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