Guatemala.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en coordinación con organizaciones locales que defienden los derechos de la niñez, presentó hoy al Parlamento de Guatemala un proyecto de ley para erradicar la violencia sexual y la explotación y trata de personas.
Unicef y la organización Casa Alianza calculan el número de menores guatemaltecos víctimas de las redes de trata de personas supera los 15.000.
La iniciativa, que establece mecanismos para prevenir este tipo de delitos, brinda protección a los niños y niñas afectados, y plantea fuertes sanciones penales para los agresores, fue acogida por un grupo de diputadas, encabezadas por la vicepresidenta del Parlamento, Zury Ríos.
Con esa ley se dotará de mayores recursos jurídicos al sistema de justicia de Guatemala para lograr erradicar esas prácticas criminales, que representan ganancias millonarias a quienes las promueven, dijo en una rueda de prensa el representante de Unicef, Justo Solórzano.
Su aprobación por el Parlamento "es urgente porque Guatemala es el único país en Centroamérica y el Caribe que no cuenta con una ley específica, lo cual coloca al país en una posición bastante aterradora y dramática", precisó.
Aunque no existen estadísticas oficiales sobre los menores guatemaltecos víctimas de las redes de trata de personas, que los explotan sexualmente, Unicef y la organización Casa Alianza calculan que la cifra supera los 15.000.
Sólo en la capital guatemalteca Casa Alianza identificó a más de 2.000 adolescentes que son explotadas sexualmente en bares y salas de masajes, la mayoría de ellas provenientes de países centroamericanos.
Casa Alianza ha documentado centenares de casos en los que se demuestra cómo las bandas que se dedican a la trata de personas, engañan a las madres de las niñas para que les sean entregadas a cambio de conseguirles empleos rentables.
Claudia Rivera, directiva de Casa Alianza, señaló que cuando las adolescentes caen en esas redes, "son llevadas a otros países para que pierdan la comunicación con sus familiares, y luego las obligan a que se prostituyan".
En la presentación de la iniciativa participó la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho, quien emprendió una férrea lucha en su país contra de la violencia intrafamiliar y la explotación sexual de menores, después de que desenmascarara por medio de una investigación periodística, a una red de pedófilos en la que participaban políticos y empresarios mexicanos.
Cacho, quien colabora con Unicef en esta lucha, aseguró que en la frontera sur de México y en Guatemala, niñas de entre 6 y 13 años son las principales víctimas de los explotadores sexuales, y que ese flagelo también afecta a los niños hombres de entre los 11 y 15 años.
"Este tipo de instrumentos sirven para obligar a los Estados a crear políticas públicas para que, por medio de la educación, se evite que las y los niños sean víctimas de este tipo de delitos, y para sancionar severamente a quienes comentan esos abusos", subrayó Cacho.
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