Burgos.- Los grupos ecologistas y antinucleares se han marcado como "gran objetivo" a corto plazo el cierre de la central de Garoña, la más antigua de las que funcionan en España, e intentarán movilizar a la sociedad para forzar al Gobierno a su clausura el próximo año, cuando expira el permiso de funcionamiento.
Los grupos ecologistas y antinucleares se han marcado como "gran objetivo" a corto plazo el cierre de la central de Garoña (en la imagen), la más antigua de las que funcionan en España, e intentarán movilizar a la sociedad para forzar al Gobierno a su clausura el próximo año, cuando expira el permiso de funcionamiento.
Así lo ha asegurado hoy en rueda de prensa el responsable de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, quien ha opinado que el Ejecutivo central "dividido" sobre el futuro de la planta atómica ubicada en el Valle de Tobalina, en el norte de la provincia burgalesa.
Castejón ha explicado que los responsables del Ejecutivo en materia de Medio Ambiente son partidarios del cierre de la central, mientras que los de Industria apuestan por renovar el permiso de funcionamiento por diez años más, a cambio de forzar a Nuclenor, empresa propietaria de Garoña, a realizar fuertes inversiones.
El dirigente de Ecologistas en Acción ha indicado que incluso la industria nuclear está dispuesta a realizar inversiones no rentables en la central de Santa María de Garoña, porque su continuidad puede ser un precedente importante sobre la política del Gobierno en esta materia.
Los grupos ecologistas y antinucleares han programado para el 23 de agosto la bajada al río Ebro, al día siguiente se celebrará una jornada informativa en Frías, municipio cercano a la central; el 31 del mismo mes se llevará a cabo la marcha contra Garoña, el 19 de septiembre una jornada informativa en Burgos y el 26 del mismo mes una manifestación en la capital burgalesa para exigir el cierre de la planta atómica.
Según el portavoz de Ecologistas en Acción sin movilización social será "muy difícil" conseguir el cierre de la planta y ha advertido de que la decisión del Gobierno será una "piedra de toque" sobre sus intenciones sobre este modelo energético.
Ha insistido en que "la central de Garoña es la más antigua de España, con casi 40 años de vida; está amortizada, es prescindible y es insegura y peligrosa."
En este sentido ha recalcado los "problemas de corrosión" que según su versión hay en el barrilete del reactor y en las barras de penetración, unas deficiencias que se han reparado de forma "chapucera" y que sólo pueden solucionarse con la instalación de unan nueva vasija del reactor, lo que equivale a instalar prácticamente una nueva central nuclear.
Castejón ha añadido que además el Gobierno, con la decisión que adopte, se juega también su imagen internacional, ya que en Europa hay un amplio debate sobre esta energía.
Carlos Bravo, de Greenpeace, ha afirmado que el Gobierno "se juega su credibilidad" con la decisión que adopte y ha recordado que hasta ahora el Ejecutivo socialista ha incumplido sus compromisos sobre el progresivo desmantelamiento de la energía nuclear.
El julio de 2009 finaliza el periodo de explotación de la central de Garoña y el Gobierno, tras el informe que emita el Consejo de Seguridad Nuclear, deberá decidir si concede un nuevo periodo de 10 años o se procede al desmantelamiento de la planta atómica.
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