La Agencia Tributaria Cántabra estará en funcionamiento a mediados de 2009

Santander.-  La Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) estará en funcionamiento a mediados de 2009 con el objetivo de mejorar la eficacia en la recaudación de las tasas e impuestos que dependen de la comunidad autónoma y de estrechar la colaboración con la agencia estatal, que ha servido de modelo para su creación.

Según el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, la puesta en marcha de esta agencia, por medio de una ley que empezará a tramitarse en otoño en el Parlamento, coincide con la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, que dará a Cantabria una mayor autonomía financiera y más capacidad y corresponsabilidad fiscal.

Ese nuevo modelo entrará en vigor en enero de 2009 y Cantabria necesitaba un instrumento para "sacarle todo el provecho posible", ha explicado Agudo en rueda de prensa.

El consejero ha subrayado que existen "sobradas razones" para crear la ACAT como seguir avanzando en una administración más eficiente que de servicio a una región más desarrollada, hacer frente a su desarrollo autonómico y a su aumento de competencias y contar con el nuevo marco organizativo que reclama la evolución del sistema tributario español.

La agencia tributaria estatal ha sido el ejemplo del que ha partido el Gobierno regional, que ha querido "copiar a escala" ese modelo de gestión "de éxito", aunque es consciente de que tendrá que ir cubriendo etapas hasta conseguirlo totalmente.

Así, uno de los grandes objetivos que se ha planteado es que la agencia esté dotada con "medios informáticos potentes" para lograr una relación "más estrecha" con los ciudadanos.

La ACAT abrirá sus puertas en el edificio de piedra que ahora está siendo reformado en el Paseo de Pereda ya que el Gobierno está obligado a abandonar las oficinas del edificio Triguero para cumplir una sentencia. En ella se establece que servicios como el cobro de tributos tienen que prestarse en oficinas ubicadas al nivel de la calle y no en un entresuelo o en plantas altas.

La agencia asumirá las competencias del actual servicio de tributos y será, por tanto, el instrumento recaudatorio para los impuestos cedidos por el Estado, que ahora son los de transmisiones, actividades jurídicas documentadas, sucesiones y donaciones; lo propios como el canon de saneamiento y también aquellos tributos municipales que son gestionadas por la administración regional.

En este tercer caso se encuentran los que se pagan a 70 de los 102 municipios que hay en Cantabria y que han solicitado al Gobierno que se haga cargo de su gestión.

El consejero de Economía y Hacienda ha hecho hincapié en que la creación de la agencia autonómica es una nueva reforma emprendida por un Gobierno que se ha caracterizado precisamente por su carácter reformista.

Así, ha recordado la creación del Instituto Cántabro de Estadística y del Instituto Financiero y la próxima puesta en marcha de otros instrumentos como la Agencia de Consumo o el Instituto de Servicios Económicos. Todos forman parte, según Agudo, de un proceso de reformas "imprescindible" para estar a la altura de una región que cada vez tiene más autogobierno.

Al frente de la ACAT habrá un director que será un cargo de confianza nombrado por el presidente de Cantabria y su funcionamiento será el de un ente público para que este servicio tenga una mayor autonomía en su gestión y también una mayor flexibilidad en su régimen presupuestario y de personal.

No obstante, el titular de Economía y Hacienda ha subrayado que esa mayor autonomía y flexibilidad no implica que la agencia funcione al margen de los mecanismos de control, que, por el contrario, se refuerzan.

Ese control se ejercerá a través de un contrato de gestión que le obligará a alcanzar unos determinados resultados y le exigirá responsabilidades en el caso de que no se cumplan y mediante un Consejo Rector que aprobará sus planes de actuación y los criterios para medir el cumplimiento de objetivos.

También se someterá a la supervisión permanente de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y al control externo del Tribunal de Cuentas.