Cineasta chilena acusa al Estado de un montaje en su contra

Santiago de Chile.-  La documentalista chilena Elena Varela López, detenida el pasado mayo como supuesta autora de dos asaltos cometidos por un grupo ultraizquierdista, aseguró a Efe que es inocente y que las acusaciones en su contra obedecen a un montaje del Estado debido a su simpatía con la causa mapuche.

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(EFE)

Fotografía del pasado 8 de agosto en la que se observa a la documentalista chilena Elena Varela durante una entrevista concedida a Efe en una cárcel de Rancagua, a 87 kilómetros al sur de Santiago (Chile).

"Es el Estado chileno el que está detrás de este montaje", aseguró en entrevista a Efe Varela, quien estaba presa en la cárcel de Rancagua, a 90 kilómetros al sur de Santiago, de donde salió en libertad provisional el pasado 13 de agosto.

Varela, que es licenciada en Música y tiene una maestría en Artes, está convencida de que en su contra existe una persecución política "relacionada con los temas mapuches" que trata en sus documentales, porque el Estado "tiene miedo de que se revele la violación de los derechos humanos de los indígenas".

La cineasta fue detenida el 7 de mayo pasado en la región de la Araucanía, a 680 kilómetros al sur de Santiago, acusada de integrar una facción del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que en 2004 y 2005 cometió dos asaltos en los que murieron cuatro personas.

Los asaltos, según fuentes policiales, tenían por objetivo financiar la defensa de un extremista chileno encarcelado por secuestro en Brasil.

Al momento de ser detenida, Varela trabajaba en dos documentales: "Newen Mapuche", referido a los conflictos de tierras entre comunidades indígenas y empresas forestales y agrícolas y "Sueños del Comandante", sobre una experiencia guerrillera del MIR en tiempos de la dictadura militar (1973-1990).

El material fílmico, unas 300 cintas de vídeo, para cuya producción Varela recibió financiación del Estado, fue requisado por orden de la fiscalía para buscar pruebas sobre la implicación de la cineasta en los asaltos, lo que suscitó en Chile un debate sobre la propiedad intelectual y el secreto de la fuente.

También fueron requisados algunos elementos utilizados en la escenografía, como banderas y otros emblemas del MIR y armas de fantasía utilizadas en el rodaje, así como los ordenadores en los que se almacenaban los guiones y materiales propios de los documentales.

"Acá hay algo que no encaja, porque el tema de las cintas no tiene nada que ver con los asaltos, que es por lo que me acusan. Revisaron todo el material audiovisual y además les sacaron copias, eso es una violación a la propiedad del material intelectual", subrayó la cineasta.

"Esto es montaje, un montaje total. De hecho, a Mauricio Hernández Norambuena (el chileno preso en Brasil) no lo conozco. Ahora yo para poder reconstruir la historia y realizar los documentales he entrevistado a muchos miristas, esa es la relación que tengo con ellos", añadió.

Aunque admitió no haber sido torturada tras su detención, Varela dijo que fue amenazada por los agentes con que le harían daño a su hija.

Por lo anterior, el padre de la documentalista, Héctor Varela Díaz, que es diácono de la iglesia católica, presentó una denuncia ante un tribunal en la que sostiene que su hija fue torturada por la policía.

El fiscal que investiga los asaltos, Servando Pérez, declaró a los periodistas que existen testigos que sindican a la mujer como parte del grupo operativo que realizó los dos atracos.

No obstante, en una entrevista publicada en junio pasado por el diario El Rancagüino, el fiscal Pérez reconoció no tener claridad frente a la célula armada en la que supuestamente participaba Varela, con lo que justificó la requisa del material audiovisual, para ver si existía algo más concreto.

Según Varela, el fiscal, pese a haber investigado durante dos años, no tiene pruebas en su contra y el caso inevitablemente se derrumbará.

"Yo creo que con todas las pruebas falsas, él (Pérez) no podía seguir sosteniendo esto y eso es terrible para él, ha gastado un montón de dinero del Estado para mantenerme detenida y no sólo a mí sino que un montón de gente más, por lo que su figura política está en riesgo", sostuvo.

Este jueves, cineastas y trabajadores audiovisuales se manifestaron en Santiago en apoyo a la cineasta y para demandar la aprobación de una ley que resguarde el secreto profesional en esta área del quehacer cultural.

A raíz del caso de Varela, la ministra de Cultura, Paulina Urrutia, envió el pasado 6 de agosto a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre el asunto, que la cineasta valoró como un acto de conciencia de Estado.