Los ecuatorianos, convocados a decidir sobre el polémico proyecto constitucional

Quito.-  El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador convocó oficialmente hoy a los ecuatorianos a pronunciarse en un referendo el próximo 28 de septiembre sobre el proyecto de Constitución redactado por la Asamblea Constituyente.

(EFE)

El referendo, que como el proyecto constitucional está teñido de polémica, es, según el jefe de Estado, Rafael Correa, la "última oportunidad de un cambio pacífico en Ecuador".

El referendo, que como el proyecto constitucional está teñido de polémica, es, según el jefe de Estado, Rafael Correa, la "última oportunidad de un cambio pacífico en Ecuador".

No sólo la oposición sino también la cúpula de la Iglesia católica de Ecuador y grupos evangélicos están en contra por distintos motivos de la nueva carta magna que impulsa el Gobierno.

A medianoche del martes concluyó el período de inscripción para los grupos que pretenden hacer campaña política a favor del "sí" o el "no" en el referendo, que son al menos medio centenar.

Aunque el presidente del TSE, Jorge Acosta, convocará oficialmente al referendo esta noche a través de un mensaje a la nación, la prensa local ya publicó un aviso del Tribunal en el que se especifica que la papeleta tendrá una sola pregunta.

"¿Aprueba usted el texto de la nueva Constitución Política de la República elaborado por la Asamblea Constituyente?.......SI.......No", es todo lo que los ecuatorianos deberán responder el 28 de septiembre.

Según las últimas encuestas, menos del 50 por ciento de la población tiene intención de votar "sí".

Para que la nueva Carta Magna sea aprobada se necesita que la mitad más uno de los votos válidos sean por esa opción.

Según el comunicado del TSE, la campaña electoral oficial comenzará mañana, jueves, aunque los pronunciamientos a favor y en contra del nuevo texto constitucional proliferan desde hace ya varias semanas, y terminará dos días antes del referendo, en el que están obligados a participar los ecuatorianos mayores de 18 años.

La convocatoria ha puesto en debate el tema de la permanencia o disolución de la Asamblea Constituyente que a lo largo de ocho meses se encargó de redactar la Carta Magna y que, según su estatuto, debía terminar sus funciones el pasado 25 de julio.

Sin embargo, al filo de esa fecha, la mayoría de la Asamblea, dominada por el oficialista Acuerdo País, aprobó un mandato que la declaró "en receso" hasta la proclamación de resultados, lo que está previsto para el próximo 14 de octubre.

Otra de las polémicas en torno al referendo tiene que ver con la reestructuración del TSE a manos de Acosta quien, pese a las críticas, ha cambiado a unos ocho vocales del opositor Partido Sociedad Patriota en las provincias, con el argumento de que no cumplieron las expectativas profesionales.

La oposición también critica lo que considera cambios fundamentales en el borrador inicial del proyecto de Carta Magna, extremo negado por la mayoría oficialista de la Asamblea y motivo de una demanda de suspensión del referendo, presentada por el abogado Joffre Campaña y desechada ayer por el TSE.

En la polémica sobre la Carta Magna se ha desatado un duro pulso entre el Ejecutivo y la Iglesia, que afirma que el proyecto deja, entre otras cosas, una puerta abierta al aborto.

El pulso ha llegado hasta el punto de que el propio Correa, que se define como católico practicante de izquierda, ha pedido a la población que cuando escuche a sacerdotes atacar desde el púlpito, al proyecto constitucional abandonen el templo, no sin antes tildar de "mentirosos" a los prelados.

La Iglesia niega que esté haciendo proselitismo político y asegura que lo que pretende es ofrecer una "catequesis" para los feligreses de Ecuador, un país mayoritariamente católico.

La puja ha tenido derivaciones en la justicia, pues el arzobispo Antonio Arregui fue demandado penalmente el pasado lunes por un grupo de izquierda que lo acusa de hacer proselitismo contra el proyecto de Constitución.

Arregui fue denunciado ante la Fiscalía de Guayaquil por violar un tratado vigente entre el Estado y la Santa Sede que prohíbe a los sacerdotes inmiscuirse en política, según María Isabel Morán, representante del grupo Impunidad Jamás.