Un hondureño pasa con su familia sus últimas horas antes de ser ejecutado

Huntsville (Texas).-  El inmigrante hondureño Heliberto Chi, condenado a muerte por haber matado a un hombre durante un asalto en 2001, se reunió hoy con su familia por última vez en el penal de Huntsville, en Texas, donde hoy será ejecutado.

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(EFE)

Fotografía sin fecha cedida por el Departamento de Justicia Criminal de Texas que muestra al hondureño Heliberto Chi, cuya ejecución está programada para hoy, en la Unidad Penitenciaria de Huntsville en Texas.

Sólo un dictámen del Tribunal Supremo de última hora, o la clemencia del gobernador del Estado, Rick Perry, lograría salvarlo de la inyección letal, algo en lo que no pierde la esperanza, según dijo a Efe su familia.

No obstante, Chi cuenta con el reciente precedente de su mejor amigo en el penal, el mexicano José Medellín, quien también confiaba en la posibilidad de una suspensión de la aplicación de la pena, pero que finalmente fue ejecutado el martes por la noche.

Chi se despidió hoy de su madre, Mirna Sayupa Chi, y su hermanastro, José Hernán Aceituno, con los que estuvo reunido durante cuatro horas.

Posteriormente, fue trasladado a la celda contigua a la cámara donde se le aplicará la inyección letal, prevista para las 18.00 horas (23.00 GMT).

Allí será donde espere la decisión del Tribunal Supremo sobre su petición de suspensión de la pena y también lo que decida la Junta de Perdón y Libertad bajo Palabra de Texas, que podría recomendar al gobernador Perry conmutar la sentencia.

Ayer miércoles, a Heliberto Chi, de 29 años, se le cerró una de las puertas para evitar la ejecución, la del tribunal de apelaciones de Texas, al que también pidió una demora de la ejecución.

Por eso, su principal esperanza es el Supremo, donde se ha planteado un recurso sobre la afirmación de que cuando fue arrestado no se le informó de que tenía derecho a tomar contacto con la representación diplomática de su país, como lo establece la Convención de Viena, un tratado firmado por Estados Unidos.

El recurso señala además que Honduras y Estados Unidos mantienen desde 1928 un tratado sobre comercio y la protección judicial.

Ese acuerdo "habla de la dignidad con la que tienen que ser tratados los ciudadanos de Estados Unidos en Honduras y viceversa", explicó a Efe la cónsul hondureña en Dallas, Lastenia Pineda.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó en 2004 una orden para que se revise el caso de 51 mexicanos que están en el corredor de la muerte y no recibieron asistencia consular cuando fueron detenidos.

Las autoridades hondureñas quieren emplear ese fallo de la CIJ para que se revise también el caso de Chi.

El abogado del hondureño, Wes Ball, aclaró que aunque en el caso de su defendido no hay orden de la CIJ para la revisión del proceso, éste debe tener también ese beneficio porque su derecho a la notificación internacional fue violado.

Ball aseguró que Chi pidió en numerosas ocasiones que se le permitiera hablar con representantes de su país, porque desconocía el sistema jurídico de Estados Unidos al momento de su detención.

Al reo, que fue detenido en California, se le permitió hablar con representantes del Consulado de Honduras cuando ya había sido condenado a muerte.

La ejecución de Chi estaba programada inicialmente para octubre de 2007.

Sin embargo, fue suspendida cuando la pena capital estuvo bajo una virtual moratoria en el país mientras el Supremo consideraba los recursos de dos condenados en el estado de Kentucky que alegaron que la inyección letal era un castigo inconstitucional.

En mayo pasado, el máximo tribunal rechazó dicho argumento y los estados reanudaron las ejecuciones.

El embajador de Honduras en EEUU, Roberto Flores Bermúdez, solicitó la semana pasada al gobernador de Texas la suspensión de la ejecución alegando que en el caso de Chi, al igual que en el del mexicano Medellín, no se respetaron sus derechos.

Texas hizo caso omiso a la petición presidencial que pedía cumplir el mandato de la CIJ y finalmente el Tribunal Supremo falló a su favor, ya que no existe una legislación nacional que obligue al estado a cumplir el mandato de la Corte Internacional.