La Paz.- La oposición en Bolivia, debilitada ante el Gobierno de Evo Morales, se jugará en el referendo revocatorio del próximo domingo el control de seis de nueve regiones del país, ricas en gas y petróleo, y el futuro de su proyecto autonómico.
El plebiscito intenta resolver el empate entre las fuerzas del mandatario y su proyecto socialista, estatista e indigenista, y el poder de los prefectos (gobernadores) conservadores con su demanda de autonomía que, según dicen, no conlleva el separatismo.
La contienda se plantea en la mitad del mandato de Morales y de los prefectos elegidos en 2005 y con dudas sobre si el referendo es legal y sobre la polémica y ambigua fórmula de interpretación de resultados que definirá a ganadores y perdedores.
Morales está seguro de que puede acaparar más poder y asestar una derrota contundente a los gobernadores opositores de Santa Cruz, Rubén Costas; Tarija, Mario Cossío; Cochabamba, Manfred Reyes Villa; Beni, Ernesto Suárez; Pando, Leopoldo Fernández, y La Paz, José Luis Paredes.
"El revocatorio va ser para revolcar a los prefectos neoliberales que todavía existen en Bolivia", dijo Morales varias veces durante su campaña, convencido de que se sacará de encima a los gobernadores que, a su juicio, han entorpecido sus reformas.
También se someterán a la consulta los prefectos oficialistas de Oruro, Alberto Aguilar, y Potosí, Mario Virreira.
La nueva prefecta de Chuquisaca, la opositora quechua Savina Cuéllar, que juró su cargo el mes pasado, queda al margen del referendo.
Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, Beni y Pando representan dos tercios del territorio nacional, en su subsuelo está más del 85 por ciento de las reservas de gas y son las más pujantes y exportadoras de este país con un índice de pobreza del 58 por ciento.
Para este bloque de prefectos, en la consulta del próximo domingo "está en juego si la visión totalitaria del Gobierno" de Morales "podrá o no derrotar a la democracia", según dijo Costas en una reciente entrevista concedida al diario La Prensa.
Pero además, finalmente puede definirse la pelea entre la "Bolivia centralista" y "la autonómica", a decir de Cossío.
Sin embargo, los prefectos opositores no han logrado mantener un bloque unitario para encarar este proceso como el que en su momento rechazó la Asamblea Constituyente e interfirió en la aprobación de la nueva constitución que plantea Morales para profundizar sus políticas.
De hecho, Reyes Villa, que en 2005 venció al partido de Morales en su bastión de Cochabamba, no emitirá su voto y ha sido quien de forma más vehemente rechazó la consulta para que sea suspendida con los argumentos de que es "ilegal" y hay un presunto fraude en marcha.
Todos los demás prefectos han pasado de su inicial oposición frontal a aceptar la consulta, aunque con reparos políticos y jurídicos prácticamente respaldados por el Tribunal Constitucional.
Según Reyes Villa, la celebración de la consulta hará que este país sea "ingobernable" porque no resolverá la disputa de fondo entre los proyectos políticos del gobernante y sus opositores.
En cambio, para Costas "no luchar, aún con todas las trampas montadas por esta consulta, sería dejar el campo libre al atropello, y sobre todo, al objetivo del Gobierno de frenar el proceso autonómico" iniciado en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
Las cuatro regiones aprobaron este año en sendos referendos unos estatutos que avalan un régimen autonómico departamental que Morales ha desconocido tildándolos de "ilegales y separatistas".
A juicio del presidente, los estatutos deben ser revisados para implantar otro modelo autonomista que incluya a las naciones indígenas.
Pero además, la debilidad de la oposición ha sido patente en el distanciamiento de los prefectos respecto del principal partido opositor, Poder Democrático y Social (Podemos, derecha), del ex presidente Jorge Quiroga (2002-2003), que controla el Senado.
El alejamiento fue una consecuencia de la decisión de Podemos de aprobar el referendo revocatorio tal como lo planteó Morales, pero que tiene una interpretación de porcentajes que en la práctica le favorece y menoscaba la situación de los prefectos.
En ese sistema, para revocar a Morales hace falta un 53,7 por ciento de votos en contra, mientras que para los prefectos los porcentajes se ubican entre un 38 y un 48 por ciento de sufragios.
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