Seis Comunidades Autónomas rechazan el reparto basado en población frente al coste real de los servicios

La Granda (Asturias).-  Los gobiernos de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Aragón, con intereses comunes en la reforma del sistema de financiación autonómica, han reclamado hoy un reparto de fondos que tenga en cuenta el coste real de los servicios y no sólo la cifra de población.

Consejeros de Economía y directores generales de presupuestos de las seis regiones, cinco gobernadas por el PSOE y una, Castilla y León, por el PP, se han dado cita hoy en una mesa redonda organizada por los cursos de verano de La Granda, en las cercanías de Avilés, para poner en común su posición ante la reforma del modelo.

Todos los representantes del PSOE han señalado que el encuentro de hoy no suponía la constitución de un "frente común" para hacer valer sus intereses, mientras que la consejera de Hacienda de Castilla y León, María del Pilar del Olmo, del PP, ha afirmado que es una forma de "hacer ver" al Ministerio la postura de seis comunidades donde vive el 20 por ciento de la población española.

Durante el debate, sí que han coincidido todos ellos en la necesidad de que el reparto no atienda exclusivamente al número de habitantes, sino que tenga en cuenta el coste real de los servicios que en estas comunidades se ve elevado por la dispersión de la población, el envejecimiento, la orografía o la extensión del territorio.

Cantabria ha incidido también en que el hecho de ser un territorio pequeño y con poca población influye en el coste fijo de los servicios por lo que ha advertido que no admitirá un modelo que no tenga en cuenta esta característica.

Las seis comunidades han planteado también la necesidad de que se incrementen los fondos de compensación interterritorial para garantizar la convergencia de las rentas medias entre las distintas comunidades y cubrir la prestación de servicios de todos los ciudadanos del país en igualdad de condiciones y calidad.

También han reclamado que se garantice la revisión cada cinco años del modelo de financiación, en función de las realidades sociales y económicas de cada autonomía y que se aporten más recursos para garantizar las prestaciones derivadas de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

El consejero de Economía del Principado, Jaime Rabanal, ha advertido de que hay una "voluntad compartida" de "consenso" para la puesta en marcha de un modelo que responda mejor a la realidad de los costes que debe afrontar cada autonomía.

Por su parte, su homólogo cántabro, Ángel Agudo, ha incidido en que la financiación no puede fijarse por habitante ya que hay muchas otras variables que inciden en el coste de la prestación de servicios que deben garantizarse incluso con fondos adicionales.

Para el titular de Administración Pública y Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, el primer error de este proceso es haberlo iniciado sin calcular el "coste efectivo de las competencias transferidas" y ha reclamado la necesidad de que se paguen los mismos impuestos en todos los territorios para evitar la "competencia desleal".

La responsable de Hacienda de Castilla y León, María del Pilar del Olmo, ha advertido de que en las comunidades con mayor población, la recaudación se incrementa en mayor proporción y que por lo tanto, las cuatro regiones más habitadas están "sobrefinanciadas".

Tras criticar medidas del Gobierno como la devolución de los 400 euros en el IRPF, "que merman los fondos de suficiencia de las comunidades", ha incidido en que, en el nuevo modelo, el peso de la variable de la población no debe sobrepasar el 80 por ciento, y que el resto sea ponderado por otras variables.

La directora general de Política Económica de Aragón, Eva Pardos, ha apuntado que hay una "insuficiencia financiera" por los ritmos de crecimiento del gasto social, sanitario o educativo y que se deben garantizar unos mínimos para desarrollar las competencias que les son propias.