Washington.- El presidente de EE.UU., George W. Bush, promulgó hoy la ley que triplica a 48.000 millones de dólares la ayuda de su país en la lucha global contra el sida en los próximos cinco años y que, en las postrimerías de su mandato, figura como su mayor logro de consenso bipartidista en el Congreso.
El presidente de EE.UU., George W. Bush, promulgó hoy la ley que triplica a 48.000 millones de dólares la ayuda de su país en la lucha global contra el sida en los próximos cinco años.
"Esta ley salvará a millones de personas (...) encarna la extraordinaria solidaridad del pueblo estadounidense", dijo Bush en una ceremonia en el salón Este de la Casa Blanca, a la que asistieron líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso, funcionarios de su Gobierno y representantes de la ONU y de grupos cívicos.
"Es un plan de emergencia que exige metas específicas y cuantificables para el progreso", explicó Bush al firmar la ley conocida por su sigla en inglés PEPFAR y dirigida a 15 países, principalmente a África.
Cuando se lanzó PEPFAR en 2003, solo 50.000 personas con sida en África subsahariana recibían tratamiento antirretroviral. Ahora, unas 1,7 millones de personas en esa región lo reciben, según la Casa Blanca.
La ley, que expiraba en septiembre, amplía el acceso a tratamiento antirretroviral y también ayuda a los países pobres a combatir la malaria y la tuberculosis.
"La forma bipartidista y con celeridad con que el Congreso envió esta ley a la Casa Blanca es un tributo a lo que podemos lograr en política exterior cuando la causa es correcta y todas las partes trabajan juntas y con buena voluntad", opinó el legislador demócrata Howard Berman.
La ley eliminó la prohibición que mantenía EE.UU. desde hace 21 años contra la entrada de enfermos de sida al país, lo que de inmediato fue elogiado por diversos grupos cívicos.
Para la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen, se trata de una misión salvadora en la que EE.UU. tiene "una oportunidad única para ayudar a que el mundo sea un sitio mejor para las víctimas de la pandemia del sida".
Ros-Lehtinen aseguró que la ley aumentará la seguridad nacional y recordó que hace cinco años el drástico aumento de las tasas de infección con el VIH, la malaria y la tuberculosis había "sembrado las semillas de la desesperación, la pobreza y desesperanza en demasiadas naciones y regiones del mundo".
El programa de EE.UU., antes de 15.000 millones de dólares, contribuirá al tratamiento de al menos tres millones de personas, la prevención de 12 millones de nuevas infecciones, y el cuidado de un número similar de infectados, incluyendo "cinco millones de huérfanos y niños vulnerables", destacó la Casa Blanca.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día 7.500 personas se infectan en el planeta con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el sida. Además, unos 33 millones de personas viven con la enfermedad.
La ley promulgada por Bush asigna 5.000 millones de dólares adicionales para la lucha contra la malaria y otros 4.000 millones para el tratamiento y prevención de la tuberculosis, la principal causa de muerte entre los afectados por el sida en África.
La iniciativa eliminó la prohibición de entrada a EE.UU. a personas con sida, ya fuera con visas de inmigrantes, estudiantes, o turistas.
Eso "eliminará la barrera discriminatoria que por tanto tiempo afrontaban las personas infectadas con el VIH y sus familias. Ahora las leyes migratorias tratarán el VIH o sida como cualquier otra enfermedad contagiosa", afirmó Joanne Li, abogada de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU.
John Fawcett, director legislativo del grupo "Results", declaró a Efe que la veda a extranjeros con sida "era una reliquia de un tiempo en el que el miedo y la histeria rigieron" la política de EE.UU. "sobre el VIH en vez de una política de salud pública sensata".
Para Fawcett, la ley "es un gran logro y motivo de orgullo" para el presidente, el Congreso y los activistas, de cara a la XVII conferencia mundial sobre sida que se celebrará en México a partir del próximo 3 de agosto.
El Congreso debe ahora aprobar, en un proceso separado, la designación definitiva de los fondos que autoriza esta ley.
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