El informe revela irregularidades en contratos en el transporte escolar en la época del PP

Santiago de Compostela.-  La fiscalización de las cuentas de la Xunta de 2005 ha revelado la existencia de "deficiencias" e "irregularidades" en los contratos del transporte escolar en Galicia, por falta de concurrencia y por incrementos de precios no justificados.

Así lo revela el informe del Consello de Contas relativo a este servicio y correspondiente a 2005, año en que el PP dejó la Xunta a finales de agosto, para dar paso al nuevo Ejecutivo de coalición.

El trabajo, entregado hoy a la presidenta del Parlamento, Dolores Villarino, por el Conselleiro Maior del Consello de Contas, Antonio López, destaca las irregularidades "importantes" habidas en la contratación del transporte escolar, que "cuestionan el cumplimiento de la normativa vigente".

Este informe específico sobre este servicio se remonta al acuerdo marco firmado por la Xunta del PP para el bienio 1999-2000, que fue luego prorrogado en dos ocasiones, sin que constasen los motivos, ni tampoco los que supusieron un incremento de los precios.

Las conclusiones del informe del Consello de Contas destacan que en la adjudicación de los contratos, más de 400, se empleó el procedimiento negociado "sin publicidad" y que no se ajustó a lo establecido en la legislación, por lo que se han incumplido los principios esenciales de la contratación: publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación.

A juicio del órgano fiscalizador, al utilizarse el mecanismo de prórroga se permitió extender la duración de los contratos, prevista inicialmente por dos años, durante más de diez, "sin que se promoviese concurrencia en el sector".

Igualmente, en las dos prórrogas suscritas, se incrementaron los precios, pero no se pudo verificar el ajuste de éstos a la legalidad por la falta de documentación o por imprecisiones.

De hecho, en la primera prórroga se aplicó una subida del servicio en un 4,14 por cierto sin que se aportase estudio económico que avalase la necesidad del incremento.

Mientras, en la segunda, acordada en Consello de la Xunta el 28 de noviembre de 2002, se calculaba en 14,4 millones de euros la adaptación de los vehículos a la nueva norma de seguridad, pero tampoco se facilitó informe económico que lo justificase.

El Consello de Contas considera que, según las cláusulas firmadas, desde el 31 de diciembre de 2006 deberían haberse rebajado las cantidades incrementadas, por lo que, si no se acreditasen nuevas circunstancias que lo aconsejasen "se podrían estar pagando cantidades indebidas" desde esta fecha.

Además, el trabajo del Consello de Contas aprecia también anomalías en las ayudas individuales que se concedieron en 2005 para el transporte escolar, que no se ajustaron a la normativa de subvenciones , porque ni hubo bases reguladores ni se hizo convocatoria pública.

También se detectaron irregularidades en el precio estipulado para implantar la figura del acompañante, ya que el informe pone en duda la "racionalidad" del importe que podría comportar un "sobreprecio" contrario a la eficiencia del gasto público.