Conde-Pumpido dice que "no ha lugar" a la abstención del Fiscal del TSJA en el juicio a Urquía

Granada.-  El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dictado hoy un decreto por el que declara que "no ha lugar" a cursar ninguna orden de abstención al fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en relación con el juicio seguido en el TSJA, entre otros, contra el juez Francisco Javier de Urquía.

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(EFE)

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Conde-Pumpido deniega así una solicitud de la defensa de De Urquía, quien presentó una petición de abstención del fiscal superior por su supuesta falta de imparcialidad, al haber podido tener acceso García Calderón a escuchas telefónicas intervenidas judicialmente relacionadas con otro proceso contra el magistrado.

La Inspección de la Fiscalía General del Estado, tras recibir la petición del juez De Urquía, abrió un expediente en el que se dio traslado al propio fiscal superior para que expresara lo que estimase oportuno, según el decreto facilitado hoy a Efe.

Tras analizar la documentación recibida, la Inspección ha calificado esta petición de "extemporánea", puesto que fue formulada en fechas inmediatas al comienzo de la vista oral, sin informar ni al fiscal ni al Tribunal del caso.

"No es arriesgado concluir", precisa el decreto, que se tratara de una "estrategia" dirigida a "entorpecer" la actuación de la acusación pública, colocándola en una situación de "franca indefensión", estrategia que consiguió su objetivo ya que la "exquisita prudencia" del fiscal superior le hizo apartarse de la vista oral, que siguió su curso sin su participación.

La Inspección rechaza también la petición del juez De Urquía puesto que considera "fuera de lógica" pretender que un fiscal que ha participado en la instrucción se abstenga en el juicio oral, porque esto es tanto como desconocer la naturaleza de la función del Ministerio Público.

Esta causa de abstención puede ser invocada respecto de un magistrado que intervenga de forma sucesiva en la instrucción y en la labor de enjuiciamiento, pero no del fiscal, quien es parte en el proceso y que, guiado por los principios de imparcialidad y respeto a la legalidad, unas veces formula pronunciamientos acusatorios y en otras ocasiones, plantea conclusiones absolutorias.

El decreto de Conde-Pumpido se produce después de que el juicio contra De Urquía, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y el empresario francés Arnaud F.A. por una causa desglosada del "caso Malaya", quedara ya ayer visto para sentencia.

En la vista oral la labor del Ministerio Público estuvo ejercida -en sustitución de García Calderón- por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía, Guillermo Sena, quien en sus conclusiones definitivas mantuvo su petición de tres años de cárcel para De Urquía por cohecho y rebajó a un año de prisión su solicitud inicial por ese mismo delito para Roca.

Precisamente ayer, De Urquía, en el ejercicio del derecho a su último palabra en el juicio, fue especialmente crítico con la Fiscalía, a la que acusó de haber llegado a un acuerdo con el ex asesor "para obtener la condena de un inocente", lo que se produjo después de que Roca confesara que pagó para su casa 73.800 euros al juez porque éste se lo había pedido.