Pamplona.- El consejero José Carlos Esparza y el parlamentario socialista Samuel Caro han firmado hoy en representación del Gobierno y del PSN el Pacto Social por la Vivienda de Navarra para el periodo 2008-2011, que prevé la construcción de 15.000 protegidas, 3.000 de ellas en alquiler.
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz (d), y los consejeros de Vivienda y de Innovación, Empresa y Empleo, Jose Carlos Esparza (i) y José María Roig, respectivamente.
Tanto Esparza como Caro han subrayado en rueda de prensa su disposición a sumar a esta iniciativa al resto de fuerzas políticas, así como a los agentes económicos y sociales, y por ello han asegurado que el documento está abierto a sus aportaciones.
Este Pacto se sustenta en tres ejes estratégicos que pasan por crear las condiciones que garanticen la accesibilidad a la vivienda, impulsar la sostenibilidad del sector residencial y mejorar la gestión y la transparencia del mercado.
Estos ejes se desarrollan a lo largo de 9 líneas de actuación y 52 medidas concretas "para quienes carezcan de recursos suficientes para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler en el mercado libre", ha indicado el consejero, quien ha destacado que con esta finalidad allá donde haya demanda las promociones albergarán un 70% de vivienda protegida.
Además y también para garantizar el acceso a la misma se fomentará y mejorará la gestión de suelo público; se elaborará un nuevo baremo que atienda a situaciones como divorcios, viudedad, familias monoparentales y cese temporal del empadronamiento; y las viviendas se adecuarán en régimen de protección y en tipologías a las circunstancias de renta y necesidades de los demandantes.
El compromiso es promover 15.000 viviendas entre 2008 y 2011, 12.000 para venta y 3.000 para alquiler, entre las que se incluyen 400 de integración social, y para agilizar la disponibilidad de suelo el consejero Esparza ha destacado que se impulsará el desarrollo urgente de áreas de la comarca de Pamplona como la de la futura estación del TAV, Guenduláin, Donapea-Galar y La Morea.
Por lo que respecta al alquiler, el Pacto dice que se creará un sistema público de alquiler protegido que en la legislatura espera sumar hasta 4.000 viviendas, 3.000 del parque público y otras mil de la Bolsa de Alquiler intermediada por VINSA con pisos desocupados y que ahora cuenta con unas 300.
Para ello se propone potenciar los incentivos a los propietarios de pisos vacíos, fomentar la renta básica para llegar a 4.000 jóvenes y suprimir el régimen especial de protección y de la vivienda de precio tasado.
Otras medidas previstas para garantizar la accesibilidad pasan por revisar el tratamiento fiscal de la cuenta vivienda y su valoración en el baremo, y por regular la permuta de viviendas protegidas en función de necesidades económicas y familiares.
El segundo objetivo del Pacto, las sostenibilidad del sector residencial, requiere a juicio de los firmantes mejorar la calidad de la vivienda, impulsar el bioclimatismo, favorecer la rehabilitación y aprovechar el parque de vivienda vacía.
Y para alcanzar estos retos se promoverá un Código Técnico de la Edificación, habrá laboratorios acreditados en calidad, se favorecerá la utilización de energías renovables y se fomentará la calificación energética en las nuevas construcciones.
Todo ello al tiempo que se impulsará la rehabilitación de 6.000 viviendas en cada uno de los años afectados por el Pacto y se buscará con los ayuntamientos la consecución de acuerdos para rehabilitaciones urbanas integrales.
De forma paralela el Gobierno y el PSN quieren incrementar hasta mil la bolsa de las viviendas vacías que se ofrecen en alquiler y para ello el propietario podrá encomendar a VINSA la rehabilitación y las ayudas que recibirá por ella se calcularán en función del presupuesto y del tiempo de permanencia en la bolsa, al tiempo que se le dará mayor seguridad jurídica.
El Pacto se marca como tercer eje estratégico un mayor control de la vivienda protegida y más transparencia en el mercado, lo que conllevará endurecer la comprobación de que las adjudicadas se utilizan correctamente y además se creará un sistema de información sobre solicitantes, derechos y deberes.
"La virtualidad esencial de este Pacto es ser útil a los ciudadanos", ha señalado Samuel Caro, quien ha reconocido que el acceso a la vivienda es "un problema netamente social" y su partido quiere "ser útil" en la solución del mismo.
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