Santander.- La asociación ecologista ARCA está estudiando la posibilidad de iniciar acciones penales por delitos de desobediencia contra los alcaldes que no cumplen las sentencias que ordenan el derribo de viviendas ilegales en sus municipios.
En la imagen, un grupo de apartamentos de la urbanización de La Arena, en Arnuero (Cantabria), condenados a demolición por el Tribunal Supremo al estimar una denuncia de la asociación ecologista cántabra ARCA.
En Cantabria, hay cinco municipios que cuentan con viviendas sobre las que pesan sentencias firmes de derribo: Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos.
El vicepresidente de ARCA, José Ángel Herrera, ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa en la que la asociación ha valorado las cuatro sentencias que han anulado las licencias de construcción de 122 viviendas de la urbanización del Alto del Cuco, en Piélagos.
Herrera ha criticado que en algunos municipios de Cantabria "lisa y llanamente" los alcaldes "no quieren" cumplir las órdenes de los tribunales de ejecutar derribos de viviendas ilegales, una situación que, a sus ojos, podría tener "relevancia penal".
A este respecto, ha precisado que "en breve" podrían empezar a "moverse acciones penales" porque "hay indicios" de posibles delitos de desobediencia por parte de algunos alcades que estarían "simulando" ejecutar las sentencias de derribo pero sin "la menor intención de hacerlo".
Ha explicado que la propia ARCA está estudiando la posibilidad de impulsar esas acciones penales, ya que la no ejecución de sentencias de derribo "es uno de los principales escollos" para el cumplimiento de la normativa urbanística.
"La legislación urbanística sería más fuerte si quedase meridianamente claro que el que la incumple la paga", ha sentenciado Herrera.
Por su parte, el presidente de la asociación, Gonzalo Canales, ha abogado por que tanto los alcaldes y los concejales como los promotores "respondan" de las irregularidades urbanísticas que cometan "con su patrimonio personal" porque, a su juicio, no puede ser "que dejen marrones" y "se vayan de rositas".
Además, ha reivindicado que se modifique la Ley del Suelo para "quitar" las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y evitar la aprobación de planes parciales o modificaciones de planemiento en contra de la legalidad.
El vicepresidente de ARCA, José Ángel Herrera, ha opinado además que el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, debería dimitir porque ya cuenta con más de 200 viviendas con sentencias de derribo en su municipio, ha recordado.
"Somete al municipio a una serie de riesgos con los que, en su caso, cualquier alcalde mínimamente decente hubiera dimitido", ha apostillado Herrera, que señala que la continuidad de Pacheco en su cargo prueba "la falta de salud democrática de Cantabria".
El presidente de la asocación, Gonzalo Canales, ha explicado que, además de la demolición de las viviendas del Alto del Cuco, ARCA solicitará la restauración del monte en donde se encuentra la urbanización, algo que "económicamente va a resultar más cuantioso" que los derribos y las indemnizaciones.
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