Coslada.- El ex alcalde de Coslada y portavoz del PP en la localidad, Raúl López, ha desmentido hoy las acusaciones del PSOE sobre una presunta prevaricación y malversación de fondos públicos en favor del ex jefe de la Policía Local y ha culpado a los socialistas de acusarle para "evadir" sus propias responsabilidades.
El ex alcalde de Coslada Raúl López Vaquero atendiendo a los periodistas a su llegada a los Juzgados de la localidad madrileña, en donde declaró en el juicio por la trama de corrupción policíal en el municipio.
López ha acudido esta mañana al Juzgado número 1 de Coslada para declarar ante la juez, María de las Nieves Martínez, tras la denuncia presentada por los socialistas que le acusan de no ejecutar una sentencia judicial en la que se declaraba válido un decreto de alcaldía que suponía la suspensión de empleo y sueldo a Jiménez durante ocho meses y 15 días.
Asimismo, el PSOE critica al PP por "desistir" en junio de 2003 de este procedimiento abierto contra Jiménez por seis faltas graves, lo que permitió que el juzgado procediera a devolverle un aval de 24.000 euros.
Sin embargo, López ha señalado que la sentencia es de junio de 2002, cuando gobernaba el PSOE, por lo que "debería haber sido el entonces alcalde, Juan Granados, quien la ejecutara en el plazo de un mes".
"El PSOE está intentando evadir sus responsabilidades lanzando una cortina de humo, ya que cuando estuvo gobernando tuvo ocho meses y medio para ejecutarla y nunca lo hizo", ha añadido el portavoz del PP de Coslada.
Asimismo, el portavoz popular ha negado ante la juez que se produjera ni prevaricación ni malversación de fondos públicos cuando se procedió a consentir la devolución del aval de Jiménez.
"No hay malversación porque el dinero era de Jiménez, no de las arcas municipales, y tampoco hay prevaricación porque el Ayuntamiento tiene la competencia de aplicar o no un decreto".
La sentencia se remonta a la legislatura del PSOE entre 1999 y 2003, cuando el alcalde Juan Granados suspendió de empleo y sueldo a Jiménez por seis faltas administrativas graves en 2001.
En un primer fallo, los tribunales dieron la razón al entonces oficial jefe de la Policía Local, aunque le solicitaron un aval por posibles daños y perjuicios.
En junio de 2002, los tribunales anulan este fallo y dan la razón al Ayuntamiento, declarando válido el decreto de alcaldía por las faltas graves de Jiménez.
Once meses después, el entonces equipo de Gobierno, formado por PSOE e IU, solicitó a los juzgados que determinase cuál debía ser la sanción a imponer, un proceso que el siguiente equipo de Gobierno, del PP no continuó.
Sin embargo, López se pregunta que, si los socialistas tenían conocimiento de alguna irregularidad, "¿por qué no procedieron a denunciarlo en los cuatro años que estuvieron en la oposición?".
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