Aplazan el juicio a De Urquía para nombrar un nuevo fiscal a petición de la defensa

Granada.-  El juicio contra el juez Francisco Javier de Urquía, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y Arnaud F.A. por una causa desglosada del caso Malaya se ha aplazado hasta mañana después de que la defensa del magistrado pidiera la abstención del fiscal por falta de imparcialidad y que este último se retirara.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, solicitó al Tribunal que la vista oral fuera suspendida después de que el abogado del juez, Antonio González Cuéllar, planteara como cuestión previa la pérdida de "imparcialidad objetiva" y la "situación de contaminación" del representante del Ministerio Público.

Según este letrado, García Calderón pudo tener acceso a unas conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente relacionadas con un segundo proceso que se sigue contra De Urquía; lo que motivó a su vez que el propio fiscal pidiera la recusación del presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y del magistrado Jerónimo Garvín.

No obstante, el Tribunal que juzga a los tres acusados y que excepcionalmente preside la magistrada Inmaculada Montalbán ha acordado que "no ha lugar" a suspender el juicio "en aras de evitar dilaciones innecesarias", dado que no concurren las causas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esta decisión ha motivado que el fiscal superior haya formulado su protesta y considerado que no debía continuar en la Sala hasta que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no resuelva el incidente de abstención planteado a raíz de que se cuestionara su imparcialidad en este caso.

Aunque García Calderón ha sido partidario de suspender el juicio "para evitar su posible nulidad futura", finalmente ha pedido su aplazamiento para poder ser sustituido por otro representante de la Fiscalía, a lo que ha accedido la Sala, que mañana se pronunciará sobre otras cuestiones previas planteadas por las defensas y que previsiblemente tomará declaración a los acusados y testigos.

Entre las cuestiones previas destacan la planteada por el letrado Javier Boix, representante de Arnaud F.A., quien ha cuestionado al instructor Miguel Pasquau por haber podido tener acceso también a conversaciones telefónicas judiciales que incluían su estrategia de defensa y por considerar que su auto de apertura de juicio oral estaba "viciado de nulidad".

Las defensas han coincidido en poner en entredicho las grabaciones telefónicas intervenidas, lo que les ha producido, han señalado, "indefensión", cuestionando además algunas de las imputaciones que hace el fiscal -como la de prevaricación- o el órgano que debía juzgar estos hechos.

Antes de la lectura de los escritos de las partes y el planteamiento de las cuestiones previas, la Sala ha autorizado a De Urquía para que ocupe estrados y que pueda así ejercer su propia defensa, lo que le evitará tener que permanecer en el banquillo de los acusados junto a Roca y Arnaud F.A.

La Fiscalía pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación y 213.000 euros de multa para el juez De Urquía, suspendido de forma cautelar como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella desde julio de 2007 y al que se le imputan los delitos de prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario.