Defensa sustituirá las bombas de racimo por otras que no afecten a civiles

Madrid.-  La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha anunciado que el Gobierno equipará al Ejército con municiones que, sin mermar su capacidad operativa, carezcan de los "desastrosos" efectos para la población civil de las bombas de racimo y ha asegurado que compensará a sus fabricantes tras su prohibición.

Chacón ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el proceso de eliminación y prohibición de este tipo de bombas, en cumplimiento del convenio que más de un centenar de países acordó en Dublín el pasado 30 de mayo.

Defensa calcula que destruir las 5.589 municiones de racimo que hay en España costará unos cuatro millones de euros, pero además el Ministerio de Asuntos Exteriores va a destinar otros 4,4 millones para asistir a las víctimas de artefactos explosivos, ha señalado la ministra.

Carme Chacón ha garantizado que su supresión "no supone ni supondrá una merma de la capacidad militar que ofrecía este tipo de munición" y para ello, Defensa buscará "otros sistemas o productos que cumplan los efectos de la munición ahora prohibida pero sin las desastrosas consecuencias que tiene sobre la población civil".

Se trata de adquirir "nuevas municiones guiadas" que satisfagan las necesidades de las Fuerzas Armadas.

De momento, el secretario de Estado de Defensa firmará antes de que acabe julio una directiva para suspender de forma inmediata su uso operativo o en maniobras y el proceso técnico de destrucción comenzará en cuanto se formalice el contrato con la empresa encargada de esta tarea.

Defensa confía en haber destruido al menos cien municiones de racimo antes de la firma del convenio internacional, prevista en Oslo el próximo 3 de diciembre y completar la destrucción de los arsenales en el primer semestre de 2010.

Como algunos portavoces se han interesado por los efectos que tendrá la prohibición de las bombas de racimo para las empresas españolas de armamento, la ministra ha asegurado que se está trabajando con ellas para que puedan mantener su carga de trabajo, teniendo en cuenta que no es el único tipo de producto que fabrican.

En particular, ha citado a la firma Instalaza como la más afectada, y a la que se está explicando el plan de compensación.

Chacón ha aprovechado para anunciar que antes de acabar el año las nuevas Reales Ordenanzas incluirán un capítulo dedicado a la "ética" en las operaciones militares.

Los militares tendrán la "obligación" de conocer y difundir los convenios internacionales ratificados por España, en especial, los relativos a la protección de civiles y prohibición de ciertas armas.

Según la ministra, de lo que se trata es de "convertir en obligación legal y moral la tradición de respeto a la población civil" que siempre ha caracterizado a las tropas españolas.

Todos los grupos parlamentarios se han felicitado por la erradicación de las bombas racimo, aunque han puesto en duda que España haya sido pionera en adoptar esta medida.

La portavoz del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, ha calificado el hecho de "acontecimiento histórico", pero ha advertido al Ejecutivo de que pasado de ser "remiso" a intentar ser "pionero" en la materia y ha hecho notar que la ministra eludió el asunto en su reciente comparecencia parlamentaria para explicar la política de Defensa.

En nombre de CiU, Jordi Xuclá ha asegurado que su federación ha trabajado durante años para que finalmente la medida se llevara a cabo y ha recordado que en la pasada legislatura el Gobierno no mostró su disposición para acabar con este tipo de armamento.

Desde el PNV, José Ramón Beloki, ha dicho que la supresión ha de hacerse "con modestia" porque además del Ejecutivo, muchas ONG han trabajado para conseguir la moratoria y ha pedido a la ministra que informe detalladamente al Parlamento del plan de eliminación de estas armas.

Por ERC-IU-ICV, Gaspar Llamazares ha advertido de que la satisfacción por la decisión del Gobierno no debe hacerle caer en el "autobombo" porque hay países que adoptaron la misma medida hace años y fuerzas como IU que ya lo pidieron en el Congreso.