Bruselas.- El Tribunal de Justicia de la UE considera que el aumento de competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que permitió poner condiciones a las opas de E.ON y de Enel y Acciona sobre Endesa, viola las normas comunitarias.
La regulación española que somete la compra participaciones en empresas de energía a la autorización previa de la CNE "constituye una restricción a la libre circulación de capitales" y "a la libertad de establecimiento", afirma el Tribunal en la sentencia emitida hoy.
El dictamen de los jueces de Luxemburgo considera que esas restricciones pueden justificarse por razones previstas en los tratados o por "razones imperiosas de interés general, como la seguridad pública", pero precisa que para ello debe haber "una amenaza real y suficientemente grave".
El Tribunal señala que la mera adquisición de participaciones en empresas que llevan a cabo actividades reguladas en el sector de la energía "no puede, en principio, considerarse en sí misma como una amenaza real y suficientemente grave para la seguridad del suministro", según indica un comunicado.
Afirma además que "España no ha demostrado" que el régimen de autorización previa "constituya una medida adecuada para garantizar que se alcance el objetivo" de la seguridad del suministro energético.
En cualquier caso, el Tribunal considera que el régimen español "es desproporcionado" respecto a ese objetivo de garantizar la seguridad del suministro.
El Tribunal de Justicia establece además que el régimen de autorización previa otorga a la administración "una facultad discrecional difícilmente controlable por los órganos jurisdiccionales, que entraña un riesgo de discriminación" para las empresas.
El Gobierno español amplió los poderes del regulador en mayo de 2006, mediante un Real Decreto-Ley urgente, tras conocerse que el gigante eléctrico alemán E.ON pretendía hacerse con la eléctrica española Endesa.
Los nuevos poderes de la CNE permitieron a este organismo fijar condiciones tanto a la opa que formuló E.ON como a la que después plantearon conjuntamente la italiana Enel y la española Acciona, que finalmente se hicieron con la mayor parte de los activos de Endesa.
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