Madrid.- La primera reunión de la Diputación Permanente del Congreso en esta Legislatura ha servido para acordar las comparecencias extraordinarias de los dos vicepresidentes del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sobre el voto de los emigrantes, y Pedro Solbes, sobre la crisis y las balanzas fiscales.
La primera reunión de la Diputación Permanente del Congreso en esta Legislatura ha servido para acordar las comparecencias extraordinarias de los dos vicepresidentes del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sobre el voto de los emigrantes, y Pedro Solbes, sobre la crisis y las balanzas fiscales.
La Diputación Permanente, donde están representados de forma proporcional todos los grupos parlamentarios, es el órgano que sustituye al pleno en períodos inhábiles, como es el caso de las vacaciones estivales, y el encargado de acordar la conveniencia o no de las comparecencias solicitadas por las fuerzas políticas.
La próxima comparecencia de Solbes en julio ya era conocida desde ayer, una vez que el PSOE anunció la aceptación de este requerimiento del PP, PNV y ERC-IU-ICV, pero no así la de De la Vega, que habían reclamado el grupo parlamentario popular, el PNV y también el BNG, dentro del grupo Mixto.
Además, el grupo de ERC-IU-ICV había pedido junto al PNV que Solbes informara de la política del Gobierno respecto a las balanzas fiscales, hoy mismo dadas a conocer por el Ejecutivo, y por ello la Diputación Permanente ha decidido mayoritariamente, con la única abstención del PP, que el ministro de Economía explique también a los diputados el contenido de estos cómputos financieros.
En cuanto a María Teresa Fernández de la Vega, acudirá a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para hablar de la mejora en las garantías del voto de los emigrantes españoles inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).
En concreto, explicará la disposición del Ejecutivo a tramitar con carácter urgente un proyecto de ley que reforme la legislación electoral y permita el voto CERA en urna.
No acudirá a la Cámara Baja para hablar de inmigración, como pretendía el PP, ya que será el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien informe de la política gubernamental en esta materia antes de que acabe julio, por acuerdo unánime de la Diputación, si bien el propio titular de Trabajo ya había tramitado su comparecencia a petición propia.
Corbacho también acudirá al Congreso para informar de las políticas de empleo, igualmente a partir de una petición del PNV y de ERC-IU-ICV, aceptada por todos los grupos parlamentarios.
La otra comparecencia de un miembro del Gobierno, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido rechazada.
En este caso, el PSOE y el PP han impedido que, como quería el PNV, Rubalcaba acudiera a la Cámara para aclarar las detenciones de dos empresarios vascos investigados por el pago del "impuesto revolucionario" a ETA, bajo el argumento de que se trata de un asunto en manos de la Audiencia Nacional.
Tampoco ha prosperado una propuesta del PP para que un pleno extraordinario acuerde la disolución del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) por la trama de corrupción destapada en el consistorio.
El grupo popular se ha quedado solo en su pretensión, rechazada por los demás porque entienden que no se dan las premisas fijadas por la ley para adoptar esta medida; ERC-IU-ICV se ha abstenido.
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