Valladolid.- La Junta de Castilla y León espera que en seis o siete meses esté cerrado el convenio con el Gobierno central que recoja los plazos de transferencia a esta autonomía de la gestión de la Cuenca del Duero, con la misma "agilidad" que ha regido en el traspaso a Andalucía en el caso del Guadalquivir.
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado (i), junto a los consejeros de Hacienda, Pilar del Olmo (3d); de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez (2d); y de Fomento, Antonio Silva (d), momentos antes de la reunión mantenida en Madrid.
Así lo ha planteará hoy el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, en la sesión constitutiva de la Comisión bilateral entre el Gobierno autonómico y el central, que presidirá en Madrid la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.
En esa reunión, De Santiago-Juárez, según ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, propondrá que se cree dentro de la Comisión un grupo de trabajo para impulsar el desarrollo del Estatuto de Autonomía, reformado el pasado año, y que se ponga en marcha una ponencia técnica para la transferencia de la competencia de la gestión de la Cuenca del Duero.
El modelo a seguir en este caso será el mismo que el de Andalucía con las competencias en la Cuenca del Guadalquivir, sin "más dificultades", ya que Castilla y León tiene más del 99 por ciento de las aguas del Duero, con una veintena de embalses, mientras que en el caso andaluz, la Cuenca afecta a otras autonomías y los embalses afectados son más de setenta.
Por ello, la Junta confía en que rijan los mimos plazos que para el caso andaluz, que a los seis meses de constituirse la comisión bilateral cerró el convenio con la "temporalización de la futura transferencia".
Esto es lo que espera el Ejecutivo castellanoleonés que, no obstante, ha observado que algún miembro del Gobierno no tiene en mente esa "agilidad" de plazos.
El consejero de la Presidencia no cree que pueda afectar a estos plazos el recurso de Constitucionalidad que ha interpuesto el Gobierno extremeño al apartado del Estatuto de Autonomía castellanoleonés referido a la gestión de la Cuenca del Duero, ya que es similar al que interpuso en el caso andaluz.
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