Jayyus (Cisjordania) 9 jul (EFE).- Cuatro años han transcurrido desde que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) declarara ilegal la barrera de separación que Israel erige en Cisjordania.- Jayyus (Cisjordania) 9 jul (EFE).- Cuatro años han transcurrido desde que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) declarara ilegal la barrera de separación que Israel erige en Cisjordania, mientras continúa su construcción pese a las reclamaciones de los palestinos y diversos organismos.
Cuatro años han transcurrido desde que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) declarara ilegal la barrera de separación que Israel erige en Cisjordania, mientras continúa su construcción pese a las reclamaciones de los palestinos y diversos organismos. Pese al dictamen no-vinculante de la corte el 9 de julio de 2004, el Ejecutivo israelí sigue implacable la construcción de la barrera, verja o muro de separación, según la forma que adquiere al rodear ciudades o aldeas palestinas y serpentear por el territorio ocupado. En la imagen, fotografía de archivo, tomada el 13 de abril de 2007, en la que varios hombres palestinos intentan destruir una sección del polémico muro de separación israelí.
Pese al dictamen no-vinculante de la corte el 9 de julio de 2004, el Ejecutivo israelí sigue implacable la construcción de la barrera, verja o muro de separación, según la forma que adquiere al rodear ciudades o aldeas palestinas y serpentear por el territorio ocupado.
Iniciado este proyecto en 2002 con el objetivo de impedir la infiltración de atacantes en Israel o los asentamientos judíos, su construcción sigue provocando polémica y sus consecuencias sobre la población palestina son devastadoras.
Israel ha hecho caso omiso de las recomendaciones del tribunal internacional que exhortaban a desmantelar la barrera levantada en Cisjordania e indemnizar a los palestinos afectados, que la califican de "muro del apartheid", destinado a despojarles de sus tierras e impedir un futuro Estado viable.
Cuando concluya su construcción, el 87 por ciento de su trazado quedará dentro de Cisjordania, frente al 13 por ciento que transcurrirá por la Línea Verde, la frontera imaginaria aceptada internacionalmente tras la primera guerra árabe-israelí de 1948-49.
Según datos de la Oficina de la ONU de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), hasta la fecha Israel ha construido en torno al 60 por ciento del recorrido proyectado, de un total de 723 kilómetros, 200 después del dictámen del TIJ.
El "muro" ha cambiado radicalmente las vidas de numerosos campesinos, que han quedado atrapados no sólo por los obstáculos físicos sobre el terreno, sino también por la burocracia israelí que les somete a un régimen de "permisos" para poder tener acceso a sus propias cosechas.
La OCHA denuncia que 52 comunidades rurales palestinas quedarán desconectadas de sus tierras como consecuencia de la cerca, como es el caso de aldea de Jayyus, en el distrito de Kalkilia (norte de Cisjordania).
"El muro ha transformado una vida de felicidad en sufrimiento", se lamenta Mohamed Taher Jaber, alcalde de esta población en la que antaño el 80 por ciento de sus habitantes vivía de labrar sus fértiles terrenos con cultivos como el pepino, cítricos, olivos, tomates, pimientos, aguacates y almendras.
En la actualidad, el 75 por ciento de sus vecinos se encuentra en el paro y los privilegiados que trabajan en sus parcelas cuentan con permisos especiales para acceder a ellas atravesando unas puertas asignadas, que sólo se abren tres veces al día.
Seis pozos de agua, 50.000 olivos y árboles frutales y 70 invernaderos quedaron al alcance de unos pocos campesinos.
La barrera que separa Jayyus de sus 860 hectáreas de terrenos está compuesta por una verja con sensores electrónicos, cuyo trazado se introduce unos seis kilómetros en el territorio de Cisjordania y la separa del vecino asentamiento judío de Zufin.
Los habitantes de esta colonia tienen sus ojos puestos en las parcelas palestinas hoy situadas en esta especie de "tierra de nadie" para su expansión, denuncia la OCHA.
De los 3.500 vecinos de Jayyus sólo unos 170 tienen permisos y muchos renuncian a solicitarlos, pues en la mayoría de los casos Israel los deniega aduciendo razones de "seguridad", o que no "existe una conexión con la tierra", se quejan sus vecinos.
Con este sistema, quedan excluidos campesinos que arriendan parcelas, jornaleros, familiares de segundo grado o herederos que por un método ancestral de anotación de apellidos no pueden demostrar que son descendientes de los propietarios.
Sharif Omar Jalid tiene permiso, pero a sus 65 años no puede trabajar solo la tierra y a ninguno de sus tres hijos les conceden autorización.
"¿Por qué no nos otorgan los permisos?. Porque así la tierra queda en desuso y después de tres años pueden alegar la ley de ausencias" para confiscarla, argumenta.
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