San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- El juez Baltasar Garzón ha pedido hoy a algunos políticos nacionalistas que dejen de atacar a los jueces y a la Audiencia Nacional "de forma desmedida y desconsiderada" por sus investigaciones sobre el pago a ETA del "impuesto revolucionario" por parte de algunos empresarios.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pronunció la conferencia inaugural del curso de verano "Balance de diez años de Justicia Universal en España desde los orígenes de los casos Chile y Argentina" que la Universidad Complutense organiza en San Lorenzo de El Escorial.
Garzón respondía así al grupo del PNV en las Juntas Generales de Guipúzcoa, que ha condenado las últimas actuaciones del magistrado en esta causa, consistentes en ordenar los registros de los domicilios del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el gerente de Laminados de Hierro Marcial, Jesús Guibert.
El juez, que dirige un curso de verano sobre la Justicia Penal Universal, ha indicado en declaraciones a los periodistas que "parece que algunos políticos, y en particular alguno nacionalista, no se aclara con estas historias y ya está bien de que se produzcan ataques a los jueces y a la Audiencia Nacional en forma absolutamente desmedida, desconsiderada y falta de todo argumento".
A pesar de que ha asegurado que no le gusta comentar los asuntos que tramita, especialmente los que están bajo secreto, el magistrado ha explicado que su Juzgado no ha dado ninguna sola orden de detención en este asunto.
"Se produjeron dos detenciones por parte de la Guardia Civil, que serán informadas al juez", que tomará las decisiones correspondientes, ha explicado Garzón, que ha recordado que no se debe olvidar que se están investigando "hechos muy graves como es la eventual financiación de una organización terrorista".
El pasado viernes, el grupo del PNV presentó una propuesta de resolución en las Juntas guipuzcoanas en la que reprobaba el "acoso y detención de ciudadanos vascos, víctimas de la amenaza y el chantaje" de ETA y denunciaba las órdenes de Garzón contra Guibert y Jainaga o el ingreso en prisión de las hermanas Bruño Azpiroz, acusadas de pagar de forma voluntaria el "impuesto revolucionario".
Por otra parte, el magistrado se ha mostrado convencido de que el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional la Ley del Parlamento vasco que convoca una consulta sobre un diálogo para la paz y la normalización y ha considerado que el tema "está perfectamente encarrilado", en referencia a la decisión del Gobierno de presentar un recurso.
El titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha señalado que, desde su punto de vista, "está clara la improcedencia de esa consulta", ya que no se ajusta a la legalidad constitucional.
Durante su intervención en el curso de verano, Garzón ha alertado de un "retroceso" de la Justicia penal universal que se ve cada vez con mayor claridad y ha destacado que está "claramente asentada una acción permanente y constante para actuar en contra de la vigencia de los principios" de esta Justicia.
El juez ha explicado que esta "acción" no se lleva a cabo de una forma "grosera" pero, en su opinión, los intereses económicos y políticos pesan mucho y "se deslizan interpretaciones" que van a llevar a una "escenificación de la reducción de los principios de la Justicia universal".
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