Vitoria 2 jul (EFE).- El Gobierno Vasco obligará a unas dos mil empresas a ofrecer sus servicios tanto en euskera como en castellano en un plazo de uno a cuatro años y sancionará a aquellas que incumplan esta medida.- Vitoria 2 jul (EFE).- El Gobierno Vasco obligará a unas dos mil empresas a ofrecer sus servicios tanto en euskera como en castellano en un plazo de uno a cuatro años y sancionará a aquellas que incumplan esta medida, criticada ya desde el Gobierno, el PSE y el PP.
viceconsejero de Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Rodrigo García.
El decreto que recoge esta obligación ha sido presentado hoy en San Sebastián. El Gobierno Vasco destinará 600.000 euros en ayudas para facilitar la adaptación de las empresas a la nueva normativa.
En caso de incumplimiento, el Gobierno Vasco ha vaticinado que las multas no sobrepasarán los 500 euros. El plazo del que dispondrá cada empresa variará en función de su tamaño, los servicios que ofrece y sus recursos.
El Gobierno Vasco calcula que el decreto afectará a unas 2.000 empresas, el 6,5% de las que desarrollan su actividad en Euskadi, que abarcan el 45% de cuota de mercado.
Las pequeñas empresas y comercios quedan exentos de cumplir con esta normativa. "No estamos hablando de la panadería o el bar de debajo de casa", ha apuntado el viceconsejero Rodrigo García.
Este decreto del Gobierno vasco ha recibido las primeras críticas nada más ser conocido. Así, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que la lengua debe ser "un instrumento de comunicación, nunca de confrontación".
La vicepresidenta no cree que vaya a haber problemas, pero ha garantizado que, si surgen, el Ejecutivo los abordará para que todos los ciudadanos puedan expresarse en las lenguas oficiales independientemente del territorio en el que residan.
La también socialista Isabel Celaá ha asegurado que el Gobierno Vasco "hace un flaco favor al euskera cuando trata de fomentarlo por la vía de decretazo, la imposición y el no consenso".
Estas medidas, según Celaá, "no benefician en nada al euskera, es actuar en contra del sentido común y supone un atropello a la libertad de comercio y empresa. Ningún comerciante -ha agregado- puede verse forzado a utilizar una lengua oficial por encima de otra, y mucho menos a ser multado o sancionado por ello".
Más contundente ha sido el presidente del PP de Vizcaya, Antonio Basagoiti, quien ha calificado de "puro fascismo" el decreto.
"Va absolutamente en contra de la libertad, es más importante el derecho al trabajo y comunicarse que los derechos lingüísticos", ha explicado antes de añadir que muchos vascos saben euskera pero "cada vez lo hablan menos porque están hartos de las imposiciones" y ante esta situación "el Gobierno Vasco se pone nervioso y quiere endiñar más euskera".
Basagoiti ha solicitado al tripartito PNV-EA-EB que "predique con el ejemplo" en este asunto y dimitan todos los cargos públicos de estos partidos que no hablan euskera.
Por su parte, la patronal vizcaína del comercio, Cecobi, ha considerado que la incorporación del euskera a los comercios "debe realizarse bajo las premisas de la progresividad y la colaboración con la administración pública".
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