Bogotá.- La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó hoy a las autoridades carcelarias cumplir la orden de trasladar a su domicilio a la ex congresista Yidis Medina, cuyo voto salvó en el 2005 la reelección del presidente Álvaro Uribe, y que fue condenada a 47 meses de prisión por cohecho.
La Fiscalía de Colombia emitió otra orden de detención contra la ex congresista Medina por su supuesta relación con el ELN y con el secuestro de dos ex funcionarios.
El traslado de la ex parlamentaria a su domicilio, ordenado por el Tribunal Supremo, fue aplazado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) luego de que la Fiscalía vinculara a la ex legisladora a un nuevo proceso, esta vez por presunto secuestro y nexos con guerrilleros.
Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema le enviaron una carta al director del INPEC, general retirado Eduardo Morales, en la que le pidieron acatar la orden de trasladar a Medina a su domicilio.
Los miembros de la Corte Suprema advirtieron hoy de que su fallo del pasado jueves, que concede la reclusión domiciliaria en atención a que Yidis Medina tiene hijos pequeños, prima sobre el otro proceso.
Entretanto, el abogado de Yidis Medina, Pedro Ballesteros, acusó al INPEC de no dejar salir a su cliente de la cárcel bogotana de El Buen pastor, en la que está desde finales de abril pasado.
Ballesteros calificó de "estrafalario" el proceso contra la ex parlamentaria por secuestro.
La Fiscalía de Colombia emitió ayer otra orden de detención contra la ex congresista Medina por su supuesta relación con insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el secuestro en 2000 de dos ex funcionarios de la alcaldía de la ciudad petrolera de Barrancabermeja (Santander), su lugar de origen.
Se trata del entonces tesorero de Barrancabermeja, Juan Carlos Carvajal, y el secretario de Hacienda de esa localidad, Ricardo Sequeda Cristancho, secuestrados el 21 de diciembre de 2000 por integrantes del ELN.
Sequeda declaró que dicho secuestro fue ordenado por Yidis Medina.
Medina, ex miembro de la Cámara de Representares por el departamento de Santander, denunció hace tres meses que funcionarios de Gobierno del presidente Uribe le ofrecieron prebendas estatales a cambio de su voto.
Pero, funcionarios estatales señalaron que fue la ex parlamentaria la que pidió contratos estatales o puestos públicos para allegados.
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