Vitoria.- El Parlamento Vasco ha aprobado hoy, con el apoyo de todos los grupos, salvo EHAK, una ley que complementa las pensiones más bajas y las equipara al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), garantizando que ninguna prestación sea menor de los setecientos euros mensuales por doce pagas.
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, ha dicho que la normativa se adecúa a las necesidades de la sociedad vasca y ha asegurado que con ella "se cumple con el compromiso asumido en el programa electoral, y con el acordado con el PSE-EE".
Esta ley modifica la Ley contra la Exclusión Social y la Ley de Carta de Derechos Sociales, para cumplir el compromiso alcanzado entre el Gobierno de Vitoria y el PSE-EE en esta materia.
La iniciativa afectará a las personas que perciben las pensiones más bajas, sean o no contributivas, y supondrá un gasto anual para el Ejecutivo autonómico de 24,77 millones de euros.
Los perceptores serán los pensionistas que no superen con sus ingresos el SMI y que carezcan de patrimonio superior a cuatro veces la renta básica que les pudiera corresponder anualmente, descontando la vivienda habitual.
Así, garantizará el cien por ciento del SMI a las unidades convivenciales unipersonales, el 125 por ciento a las de dos personas, y el 135 por ciento las de tres o más miembros.
Además, con esta reforma legal, se considera al pensionista como unidad diferenciada de sus familiares, por lo que los ingresos de unos y otros no se computan.
La Ley entrará en vigor en dos fases: la primera, tras su publicación en el Boletín Oficial este mes de julio, para los casos de elevación de la cuantía mensual de la renta básica de los perceptores actuales y en lo referente a los nuevos titulares que entren por la elevación de la cuantía.
La segunda fase de la entrada en vigor de la ley se producirá el 1 de enero del próximo año en lo referente a la modificación de la unidad de convivencia.
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, ha dicho que la normativa se adecúa a las necesidades de la sociedad vasca y ha asegurado que con ella "se cumple con el compromiso asumido en el programa electoral, y con el acordado con el PSE-EE".
Azkarraga ha recordado que "los pensionistas han esperado mucho tiempo a que actuase quien tiene la competencia", y ha indicado que, tras esta "espera baldía porque el Gobierno español no lo ha hecho", el Gobierno de Vitoria "no podía permanecer impasible por más tiempo".
Por su parte, Eider Mendoza (PNV) ha subrayado que las instituciones vascas "han solucionado una injusticia" y ha agregado que "no es una cuestión de limosna ni nada electoralista, sino de justicia".
La socialista Gema Zabaleta ha mostrado el apoyo de su grupo "sin reservas", al alegar que "encarna la posición del PSE a lo largo de estos años en la Cámara".
Arantza Quiroga (PP) ha indicado que, ante "la inacción del Gobierno socialista", su partido "entiende que sea el Gobierno Vasco, cumpliendo las competencias del Estatuto, el que mejore la situación económica de estas personas".
La portavoz de EHAK, Nekane Erauskin, ha justificado la abstención de su grupo, al opinar que la normativa "no es suficiente para finalizar con la injusticia"
Nekane Altzelai (EA) ha considerado que el sistema actual "no ofrece los ingresos suficientes", mientras que Kontxi Bilbo (EB) ha defendido que las medidas entren en vigor "lo antes posible".
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