El Govern facilita a los promotores que viviendas libres se vendan como VPO

Palma.-  El Govern balear facilitará la reconversión a vivienda de protección oficial (VPO) de aquellas que en la actualidad son libres, lo que hará posible que los promotores dispongan de ayudas del Estado y de la Comunidad y puedan venderlas a pesar de la crisis que registra el sector de la construcción.

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(EFE)

En la imagen, un edificio de viviendas.

Así lo ha anunciado hoy el conseller de Obras Públicas y Vivienda del Govern balear, Jaume Carbonero, que ha explicado que la medida podría "dar salida" a un "stock" importante de viviendas libres que a día de hoy es difícil que se puedan vender ante la coyuntura económica y financiera que atraviesa la Comunidad y el conjunto del país.

Sería una solución "positiva" tanto para los promotores como para los posibles usuarios, ha subrayado el conseller a los periodistas tras la reunión que esta mañana han mantenido el presidente del Govern, Francesc Antich, y algunos de los consellers, con el presidente de la Asociación de Constructores de Baleares, Sebastián Pastor.

El presidente de los constructores ha expresado su satisfacción por esta propuesta y, de manera especial, por el hecho de que para acogerse a la calificación de VPO no tenga que verse afectado todo un edificio, sino que baste una planta del mismo.

Para que una vivienda libre sea calificada como VPO, ha recordado el conseller, debe cumplir una serie de requisitos como que no tenga más de un año de antigüedad, que no supere los 90 metros cuadrados útiles y que esté construida con unas calidades "mínimas".

Según el conseller, hay un número "importante" de promociones inmobiliarias que se podrían acoger a esta medida propuesta por el ejecutivo autonómico y que forma parte de un conjunto de actuaciones planteadas por el Govern para hacer frente a la situación del sector de la construcción e inmobiliario de Baleares.

En los cuatro primeros meses de este año, este ámbito de la economía ha experimentado un leve crecimiento del 0,3 por ciento, si bien la previsión tanto del ejecutivo como de la Asociación de Constructores es que el índice sea "negativo" a fin de año.

El Govern, ha recordado el conseller, ha destinado una partida de 26 millones de euros para la compra de suelo donde construir VPO y para la adquisición de edificios ya construidos que serán destinados también a residencias de protección pública durante la presente legislatura.

También ha puesto en marcha un paquete de ayudas dirigidas a la rehabilitación de viviendas ocupadas y vacías, y del que de manera especial se podrán beneficiar los jóvenes, tanto los que quieran adquirir una casa como alquilarla.

La comisión de seguimiento del Pacto por la Vivienda se reunirá próximamente para analizar la situación del mercado inmobiliario y la repercusión de las actuaciones que se están llevando a cabo.

La futura Ley de Barrios, ha señalado el conseller, será aprobada por el Govern balear en julio para su posterior tramitación en el Parlament balear.

La misma permitirá que los ayuntamientos mejoren sus zonas urbanas mediante subvenciones autonómicas y, en concreto, el Govern ha destinado para este objetivo una partida de 12 millones de euros.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Constructores de Baleares ha solicitado al Govern que se agilice la firma de convenios millonarios con el Estado -como el del ferrocarril, depuradoras o torrentes- para poner en marcha obra pública que ayude a reactivar al sector.

Pastor ha acogido con satisfacción el compromiso del ejecutivo de abonar, antes de fin de año, los 96 millones de euros que adeuda a los constructores y que corresponden sobre todo a obras de la pasada legislatura, pero también a otras desarrolladas por el Pacto de Progreso.

En total, las administraciones públicas -Comunidad, consells y ayuntamientos- deben a los constructores 223 millones de euros, circunstancia que contribuye a la falta de liquidez que padecen buena parte de las 800 empresas que reúne esta asociación.

Otra de las peticiones que ha realizado Pastor a Antich es que se agilicen los trámites administrativos para la realización de obras, que deberían ser de tres meses y en ocasiones superan el año.