Santander.- El consejero de Urbanismo, José María Mazón, ha indicado hoy, en relación al plan del Ejecutivo sobre las viviendas con sentencias derribo, que el Gobierno no puede dictar leyes para impedir la ejecución de esas demoliciones, y ha dicho que la articulación de soluciones corresponde a los ayuntamientos.
El consejero de Urbanismo de Cantabria, José María Mazón, durante una intervención.
En rueda de prensa, Mazón ha explicado que ya se ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) un informe sobre las acciones emprendidas por el Gobierno hasta la fecha, tras la resolución del Parlamento de Cantabria que insta al Ejecutivo a dar solución dentro de la legalidad a los problemas de las viviendas con sentencias de derribo.
Mazón ha puntualizado que la documentación remitida a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC (que había requerido al Gobierno para que informara de las acciones iniciadas al respecto) no es "un plan al uso", sino un "análisis" de la situación y de las posibilidades que podrían articularse legalmente para evitar los derribos.
El consejero ha avanzado que, de acuerdo con los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, no se pueden dictar normas con rango de ley que tengan por objeto evitar la ejecución de las sentencias, ya que daría lugar a inseguridad jurídica.
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