El CSI de la vivienda protegida

MADRID.-  No actúan en Nueva York, Miami o Las Vegas. No llevan carísimos equipos de investigación en un maletín, y tampoco se ponen guantes para acceder a la escena del 'crimen'. No les hace falta. Investigan otro tipo de delitos: los cometidos con las viviendas protegidas, que aumentan al mismo ritmo que lo hace el parque residencial público en España.

istockphoto

En unos casos, dependen de las administraciones autonómicas y, en otros, de las locales, pero el objetivo es común: garantizar que ninguna de las VPO que se entregan sea ocupada por personas distintas a las adjudicatarias, que se vendan o alquilen de manera irregular, o que permanezcan vacías, que son las principales irregularidades detectadas.

La mayoría de estas 'brigadas' de inspección comenzaron a funcionar a partir del año 2005, en pleno boom inmobiliario, cuando los precios de los pisos de renta libre eran tan altos, que la diferencia con los de protección se hacía muy evidente, y hubo quien intentó sacar provecho de la situación.

A la caza del defraudador

El País Vasco es la región que aplica más mano dura contra el fraude. Ya en 2006, cuando se presentaba el informe de resultados de la primera inspección llevada a cabo en la región, el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, afirmaba que iba "a cazar" a todo aquel que cometiese fraude con una de las casi 50.000 VPO vascas (entre las promovidas por la administración pública y la iniciativa privada). Así, desde febrero de 2005, se han inspeccionado 17.182 viviendas protegidas, detectándose 1.972 indicios de irregularidad, a los que se ha abierto diligencias previas para comprobar si son susceptibles de ser sancionados; se han expropiado dos casas; recuperado otras 37; y se han impuesto 138 sanciones por valor de 302.294 euros, con una media de 2.188 euros por infracción.

Los encargados de estas inspecciones pertenecen a la empresa privada Ikertalde, que el Gobierno vasco tiene subcontratada desde 2005, aunque Vicente Cortés, jefe del servicio de inspección, nos explica que se convertirán en funcionarios "a partir del próximo noviembre".

En la Comunidad de Madrid, el Ivima (Instituto de Vivienda de Madrid), tiene un cuerpo de inspectores propios, que revisa un patrimonio de más de 23.000 pisos públicos en régimen de arrendamiento. Sólo el año pasado, se realizaron 15.066 visitas y se produjeron 87 desalojos forzosos de ocupantes ilegales. El Ayuntamiento de la capital, por su parte, ha inspeccionado 21.607 viviendas en los tres años de vida que tiene su Servicio de Inspección de Vivienda Municipal (Sivim). En ellas ha detectado 2.397 incidencias y ha abierto 427 expedientes.

En Navarra, la más veterana en estas lides, se han llevado a cabo 2.603 inspecciones y se han sancionado a 155 adjudicatarios de VPO desde 2002, año en que se pusieron en marcha los controles. El principal motivo: no habitar el piso de manera habitual y permanente.

Algunas de estas irregularidades suponen para el infractor multas mínimas de 2.000 euros, y los incumplimientos más graves implican la pérdida del piso, que vuelve a manos de la administración correspondiente, quien lo vuelve a adjudicar a otra persona del registro de demandantes de VPO.

Casos curiosos

Un piso realquilado a inmigrantes por habitaciones, un vecino con síndrome de Diógenes, y todo tipo de negocios sin licencia, como una peluquería, una consulta dental, y hasta una casa de citas, son algunos de los casos más peculiares con los que se han encontrado estos 'vigilantes de la VPO'. Así como un puñado de domicilios tan vacíos como las excusas de sus propietarios, que van desde el ahorro en consumo del agua porque se emplea la ducha del polideportivo cercano, a que la mudanza no se ha llevado a cabo porque hace un año que esperan los muebles de cocina.

Para descubrir si existe fraude en estos casos, los inspectores se personan en el domicilio, comprueban si el nombre del buzón corresponde al del titular y si éste acumula publicidad; hacen preguntas a los vecinos y controlan los consumos de luz, gas y agua.