El Gobierno español no hará cambios legales que afecten a los inmigrantes ecuatorianos

Quito.-  La secretaria de Estado española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, afirmó hoy en Quito que su Gobierno adaptará la Directiva Europea de Retorno de inmigrantes indocumentados para conseguir un "flujo migratorio legal y ordenado".

En declaraciones a Efe, Jiménez recalcó que "la Directiva crea un marco regulador general y, después, cada país tiene que adaptarla conforme a su legislación y conforme, también, a los acuerdos que tiene con otros países", como es el caso de Ecuador, con cuyo presidente, Rafael Correa, se reunió hoy y abordó la cuestión.

Previamente, en el Palacio Presidencial, al término de su encuentro con Correa, que ha calificado esa norma Europea de "directiva de la vergüenza", Jiménez dijo que en España, en materia migratoria, no se va a producir ningún cambio que pueda afectar a la comunidad ecuatoriana".

Jiménez llegó anoche a Quito procedente de Bogotá, tras haber acompañado en un viaje por Venezuela y Colombia al ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, y hoy se reunió con Correa, la canciller, María Isabel Salvador, y otros ministros ecuatorianos.

Salvador dijo a Efe que la Directiva de Retorno, para Ecuador, "tiene un impacto grande", pues se calcula que puede haber millón y medio de ecuatorianos en la Unión Europea, y "va contra la política del presidente Correa", favorable a la libre circulación de personas.

En el caso de España, donde el número de ecuatorianos se calcula en unos 700.000, Salvador manifestó: "Estamos seguros de que esta Directiva no tendrá un impacto directo, por lo que estamos confiados y tranquilos".

La responsable de la diplomacia ecuatoriana agregó que espera "que España se convierta en una especie de portavoz (en la UE) de la posición, no solamente ecuatoriana, sino sudamericana y sobre todo andina", que reclaman el respeto a los derechos fundamentales de los emigrantes.

Jiménez también ofreció a Ecuador la cooperación de España para la normalización de las relaciones entre Quito y Bogotá, rotas desde el pasado 3 de marzo, dos días después del ataque militar colombiano a un campamento de las FARC en Ecuador, donde murieron al menos 26 personas, entre ellas el dirigente guerrillero "Raúl Reyes".

Salvador recordó que España, desde el momento del ataque, apoyó la posición de Ecuador de rechazo al "hecho principal, que fue justamente la violación de la soberanía ecuatoriana".

"Ahora estamos avanzando en un acercamiento con Colombia y España, como permanentemente lo ha hecho a lo largo de este proceso, apoya ese camino y está lista para apoyar acuerdos en el marco de la cooperación fronteriza" una vez superado el conflicto, dijo.

Sobre las inversiones españolas en Ecuador, Salvador destacó el acuerdo firmado recientemente entre las autoridades de Quito y la compañía Telefónica-Movistar para otros 15 años de telefonía móvil con servicios de tercera generación y dijo que "es una relación que marcha excelentemente bien".

Salvador reconoció "algún inconveniente" en el caso de la petrolera Repsol-YPF, cuyas conversaciones para readaptar su contrato de explotación en Ecuador se encuentran de momento detenidas, aunque apuntó que "las relaciones están avanzando".

La ministra destacó que la renegociación de contratos de Ecuador con las petroleras extranjeras se basa en que "la empresa haga ganancias, pero también con el correspondiente beneficio para el Estado ecuatoriano" y, sobre esa base, mostró el deseo de que "Repsol pueda continuar aquí, en el Ecuador".

Jiménez, por su parte, indicó que "somos dos países que tenemos una enorme intensidad de relaciones en todos los ámbitos; político, cultural, social y económico, con un enorme número de elementos en la relación bilateral", por lo que subrayó que espera que el "buen entendimiento que tenemos permanezca en el futuro".

Además de con Correa y Salvador, Jiménez se reunió con los ministros coordinadores de la Política, Ricardo Patiño; y Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea; el secretario de Planificación, Fander Falconí, y la secretaria de Cooperación Internacional, Ana Albán.