ANV tras las elecciones de 2007 se sumó a la campaña de acoso a electos que ordenó ETA

Madrid.-  La banda terrorista ETA, después de la ilegalización de Batasuna en 2003, ordenó a la izquierda abertzale una campaña de acoso a los concejales electos, dinámica a la que se añadieron candidatos y miembros de ANV tras la exclusión de algunas candidaturas de esta formación a las elecciones municipales de 2007.

Así lo ha indicado uno los cuatro guardias civiles que han comparecido hoy en calidad de peritos ante los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, donde se celebra en vista pública la prueba pericial y testifical propuesta por la Fiscalía, el abogado del Estado, ANV y el EHAK-PCTV en el proceso de ilegalización de ambas formaciones.

Según el testigo-perito, después de la ilegalización de Batasuna "el pistoletazo de salida en estos temas los da ETA", que "creó una dinámica contra lo que denominan el apartheid político que había hecho el Estado".

Al respecto, ha indicado que el acoso personal contra los concejales electos, "que según ellos habían ocupado sus puestos", se actualizó en 2007 con la denominación "Euskal Herria Democracia Cero", y a éste "se sumaron las personas que se iban a presentar a las elecciones por ANV".

El agente ha hecho hincapié en que esta campaña consistió en la pegada de carteles en numerosos municipios diciendo a los electos que dejaran sus puestos, así como en el envío de postales a éstos, lo que provocó que un concejal del Ayuntamiento de Azpeitia renunciará de su cargo.

También ha explicado que el alcalde de Ondarroa prefirió que su partido, el PNV, le expulsara "para poder seguir viviendo allí", aunque a preguntas del abogado de ANV, Iñigo Iruin, ha reconocido que nunca ha hablado con él.

"Es un tema muy doloroso la limpieza étnica que pretende hacer la izquierda abertzale", ha afirmado el testigo, quien ha recordado que seis Ayuntamientos no pudieron constituirse por los incidentes en los que participaron personas que se habían presentado en las listas de ANV.

A su juicio, "hay muchos electos que se sienten presionados en silencio porque tienen que seguir viviendo allí y tienen familia".

Otro de los peritos ha indicado que los informes en los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado basan sus demandas de ilegalización no concluyen que ANV financie a Batasuna, sino que en la cuenta central "se producen salidas de dinero a empresas proveedoras, como imprentas o alquiler de vehículos, y transferencias a personas vinculadas con Batasuna, muchas cargos actuales de ANV".

Otro guardia civil se ha referido a preguntas del fiscal a unos documentos nuevos, no incluidos en las demandas, relativos a la constitución por el Ayuntamiento de Hernani (ANV) de una comisión informativa de presos y otra de represaliados en el consistorio de Elorrio.

El perito ha indicado que la comisión de Hernani fue constituida en 2007, pero se reunió el pasado 19 de mayo y acordó amparar a las personas del colectivo de apoyo a presos Gestoras Pro Amnistía que están siendo juzgadas por la Audiencia Nacional, en especial a Juan María Olano.

"Piden el apoyo para sufragar los gastos de todos los procesados", ha relatado.

Además, ha enumerado que de las siete personas que están dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas de ANV, cinco de ellas tienen estrecha vinculación con Batasuna.